Ecos de un gran negocio

Los analistas internacionales todavía no salen de su asombro por el anuncio de la semana pasada, según el cual la compañía japonesa Itochu acordó la compra del 20 por ciento de las operaciones carboníferas que la norteamericana Drummond tiene en Colombia por una suma de 1.520 millones de dólares.

La operación, cuyos detalles no se han conocido integralmente, valora los activos de la empresa estadounidense en el país muy por encima de lo que habían calculado los especialistas, pues la apuesta era que firmas como Xstrata o Glencore habrían ofrecido no más de 6.000 millones de dólares por el total. La prima del 27 por ciento frente a esa cifra tiene una explicación fundamental.

Tras la tragedia de la planta nuclear de Fukushima –afectada por el terremoto y el tsunami de mediados de marzo– la generación de energía en Japón dependerá de manera creciente de plantas térmicas movidas por gas o carbón.

Como consecuencia, la demanda del mineral se mantendrá al alza en el mundo, pues Alemania también decidió el desmonte gradual de sus reactores debido a la preocupación de sus ciudadanos y China tiene que importar parte de sus necesidades.

Ante esa perspectiva, lo aconsejable es tener acceso a una fuente de suministro confiable, así sea lejana. Ese, al fin y al cabo, es el negocio de Itochu, que nació en 1858 y desde entonces se ha convertido en un poderoso emporio comercial con presencia en multitud de sectores y regiones.

Gracias al acuerdo con Drummond, la sociedad nipona tendrá disponibles 7 millones de toneladas de carbón colombiano al año, que equivalen al 6 por ciento del consumo en su país de origen.  Además, parte del dinero será usado para ampliar la capacidad de producción en las minas del Cesar hasta más de 40 millones de toneladas al año, fuera de solucionar el cuello de botella del embarque en el puerto de exportación.

Debido a las restricciones ambientales, es necesario poner en marcha un nuevo sistema encapsulado, que evite la dispersión del polvillo de carbón a las playas y la superficie marina en el área de Ciénaga y Santa Marta. Pero más allá de esas perspectivas, el debate en Colombia empieza a ser otro. Este tiene que ver con los beneficios derivados de la bonanza, ya que es claro que una parte importante de las utilidades se está quedando en bolsillos que no se encuentran en el territorio nacional.

Más allá de que en la transacción citada se habría podido hablar de una ganancia extraordinaria, la verdad es que el fisco no verá un centavo por tal concepto. La indignación de algunos sectores probablemente habría disminuido con el tiempo, tal como ha ocurrido con casos similares en el pasado. No obstante, en la presente ocasión puede ser diferente porque el Congreso estudiará el tema de las regalías en la próxima legislatura. Y es que la reforma constitucional que viene de ser aprobada en el Capitolio tiene que ser reglamentada, lo cual implica una mirada a la tabla vigente. 

De tal manera, quienes saben de estos asuntos afirman que el ambiente está cargado contra el sector. Para comenzar, en lo que hace a los metales preciosos diferentes parlamentarios se han manifestado a favor de elevar el nivel actual, que se encuentra en 4 por ciento. Pero ahora, con el caso de Drummond, la presión en favor de un reajuste va a ser inmensa, pues la regalía del 10 por ciento para explotaciones de más de 3 millones de toneladas de carbón anuales puede ser calificada como insuficiente.

Puesto de otra manera, la compañía estadounidense hizo un gran negocio, pero sus colegas a lo mejor acaban pagando los platos rotos. Esa posibilidad obliga al Gobierno a tener muy bien hechas sus cuentas. Una cosa es exigir que el país se quede con lo justo en la repartición de una torta que aumenta de tamaño y otra es descarrilar la locomotora minera.

Por tal razón, el Ejecutivo debe llegar con una propuesta razonable para que la bonanza se distribuya mejor que ahora, si no quiere que las posiciones extremas triunfen.