Ecos de una reforma

A menos que suceda algo realmente extraordinario, este viernes debería quedar finiquitada la reforma tributaria, una vez superados los escollos que enfrentó la iniciativa en las plenarias del Senado y la Cámara, y pendiente únicamente el texto salido de la comisión de conciliación.

Más allá de cómo se definan las diferencias que quedaron planteadas en la noche de ayer, lo cierto es que la gran mayoría de la propuesta está definida.

Así las cosas, el próximo primero de enero entrará a regir un nuevo esquema que trae consigo variaciones importantes, que no se veían desde hace muchos años.

Pero antes de hacer el balance de lo obtenido, hay que decir que ganar esta batalla era un asunto crucial para un Gobierno que necesitaba demostrar que aún tiene margen de maniobra en el Congreso.

Y es que tras la debacle de la reforma a la justicia a mediados del año y en medio de cierto desgaste de la imagen de Juan Manuel Santos -sin contar con la desilusión originada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés- era imperativo que el Ejecutivo retomara la iniciativa en el Capitolio.

En tal sentido, este hizo una gran apuesta sobre un tema difícil, pues todo lo relacionado con el bolsillo de los contribuyentes es complejo.

Tras las jornadas turbulentas en cuales las cosas parecieron salirse de las manos, las aguas volvieron a su cauce, o casi.

De tal manera, los grandes pilares se mantuvieron en su sitio. En términos generales, el objetivo de modificar la estructura tributaria para reducir los impuestos a la nómina, simplificar las tarifas del IVA, aumentar la contribución de las personas naturales asalariadas y luchar contra la evasión, se logró plenamente.

En tal sentido, el país va a tener un sistema algo más progresivo que el vigente, pues el esfuerzo de quienes más reciben será más grande. No obstante, todavía estamos lejos de contar con una estructura moderna y equitativa, por lo cual lo sucedido apenas puede ser calificado como un paso en la dirección correcta.

Tampoco es claro lo que les sucedería a los recaudos tributarios. Si bien el Gobierno insistió en que el efecto de la reforma es neutro, dicha afirmación está basada en supuestos que no se han probado, como una mayor efectividad a la hora de cobrar el IVA gracias a la tecnología, el combate a la evasión mediante el cierre de brechas o el cosechar la rebaja adoptada en el impuesto de ganancia ocasional. Un seguro que servirá por unos años es el alza de un punto adicional -hasta el 9 por ciento- en el CREE, que gravará las utilidades empresariales, pero es probable que en un futuro no tan lejano sea necesario volver con propuestas para aumentar los ingresos fiscales si las cuentas no cuadran.

Tal eventualidad, sin embargo, será un recurso de última instancia. La razón principal es que lo sucedido en esta ocasión demostró el cúmulo de intereses individuales que existen, respaldados por un verdadero ejército de profesionales del cabildeo, que en muchas ocasiones logra que el objetivo de trabajar por el bien común pase a un segundo plano.

Además, prevalecen las tentaciones populistas como las de bajar el precio de la gasolina o la animosidad contra el sector empresarial.

Finalmente, también quedaron sinsabores, como el dejado por el intento de revivir la doble tributación mediante un gravamen a los dividendos.

A pesar de que el borrador del artículo de marras naufragó, en los principales gremios y sus afiliados tuvieron claro que el Ejecutivo le abrió la puerta a una posibilidad que, según había dicho, no tenía ningún ánimo de impulsar.

Por cuenta de lo sucedido, el paso de la reforma implica cierta pérdida de confianza del sector privado, justo cuando se requiere que la inversión aumente o se mantenga, para así sortear los vientos de desaceleración que siguen soplando en contra de la marcha de la economía colombiana.