El consumidor, primero

En un país en donde los usuarios se quejan del alto precio de la gasolina, resulta insólita, por decir lo menos, la noticia según la cual la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, más conocida como Fendipetróleo, instauró una demanda penal en contra de Terpel por presunta competencia desleal. El alegato es que la compañía, tanto a través de las estaciones de servicio propias como afiliadas, reduce los márgenes en beneficio del consumidor, con lo cual hace inviable la existencia de los afiliados del gremio que están con otros proveedores.

En respuesta, la empresa no solo rechazó la acusación, sino que aseguró estar siendo objeto de una retaliación por haberse negado a una propuesta de cartelización. Tal como lo señaló ayer la organización en un comunicado, los directivos de Fendipetróleo Caribe y Bolívar querían una especie de acuerdo para “hacerse pasito” en aquellos lugares en donde la competencia es más evidente.

Aunque falta que cada lado presente sus argumentos ante la Justicia, no está de más recordar algunos elementos importantes. El primero es que hace algo más de dos meses largos, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas cercanas a los mil millones de pesos por una práctica anticompetitiva en la ciudad de Popayán, que involucró a 16 personas naturales y jurídicas, incluyendo la Asociación de Distribuidores de Gasolina. La resolución emitida archivó el proceso en contra de siete investigados, entre los cuales estaba Terpel.

A pesar de ello, no faltan quienes se rasgan las vestiduras con lo sucedido. Hace poco tuvo lugar un debate en el Congreso, en el cual no faltaron las sindicaciones en contra de las políticas de una sociedad cuyo accionista principal es de origen chileno. El alegato chauvinista según el cual hay una multinacional que pretende acabar con los peces chicos para después hacer lo que se le antoje, atrae y ha tenido eco en distintos sectores.

No obstante, pocos recuerdan que de las cerca de 5.000 estaciones de servicio que operan en Colombia, Terpel es dueña de apenas el 4 por ciento. Es verdad que hay casi 2.000 ‘bombas’ que llevan su marca, pero la gran mayoría de estas pertenece a individuos que usan el modelo de franquicia y cuyo éxito parece atribuible a otras razones: la capacidad de innovar, el servicio y la credibilidad en la calidad del producto entregado. Quizás por ello, las encuestas muestran que la reputación de una firma que nació hace décadas con el fin de despachar combustibles en lugares apartados del territorio nacional es elevada.

En cambio, son pocas las críticas ante el intento de impulsar una estrategia que llevaría a los automovilistas a pagar más por cada tanqueada. Subir los precios, sin duda, mejora la rentabilidad del negocio y hace todo más cómodo para los afiliados a Fendipetróleo, pero eso no quiere decir que sea lo que más le conviene a la mayoría. Vale la pena recordar que cualquier intento de repartirse el pastel viola las normas existentes y conduce a sanciones ejemplares, tal como se ha visto en casos recientes.

Por tal razón, es de esperar que prime la sensatez y que los jueces defiendan los intereses del consumidor, que es el que verdaderamente importa. Lamentablemente, no es la primera vez que este aparece como el gran ausente de ciertas discusiones en Colombia, en donde a veces se desea privilegiar lo que le conviene a unos cuantos.

Guardadas la proporciones, aquí sucede algo parecido a lo que pasa con los camioneros que defienden la tabla de fletes y se ilusionan con la promesa de que van a cobrar hasta 40 por ciento más por llevar una carga, sin importar los efectos sobre la inflación. Y tanto en ese caso como en este, lo que deben buscar las autoridades es que exista un adecuado nivel de competencia sin pactos nocivos. Menos aún, si lo que algunos proponen es hacer acuerdos ilegales por debajo de la mesa.

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@ravilapinto