¿La tierra del no se puede?

Cuando el viernes pasado en cercanías de las 8 de la noche empezó a fluir el agua por el vertedero de la presa de Hidroituango, arrancó el proceso de recuperación del caudal del río Cauca que llegó a mínimos nunca vistos a lo largo de cuatro días, debido a circunstancias de extrema urgencia. Es de esperar que con el correr de las semanas el ritmo de las actividades en las poblaciones afectadas vuelva a la normalidad, a medida que las alertas cambian de color, mientras se adelantan los esfuerzos de repoblar la fauna y mitigar los daños causados.

A menos que se vuelva a presentar una nueva emergencia, es factible que lo sucedido en estos meses quede en la memoria como un mal recuerdo, más allá de la asignación de responsabilidades respecto a lo ocurrido. No obstante, así el proyecto de generación de energía recupere el rumbo perdido y pueda entrar en operación en el 2021, resulta válido afirmar que habrá consecuencias de orden permanente.

Para comenzar, no es exagerado decir que acometer una iniciativa de la misma envergadura suena poco probable, más allá de que el territorio nacional cuente con condiciones naturales especiales para este tipo de plantas. Aparte de que el manejo de las exigencias de las comunidades se ha vuelto muy difícil de manejar, los permisos ambientales son ahora más estrictos y están sujetos a mayor escrutinio por parte del público.

Sin embargo, el principal obstáculo es conseguir lo que se conoce como la licencia social. Esta consiste en el respaldo de la opinión, indispensable para acometer iniciativas de gran envergadura que involucren recursos millonarios y alteren las condiciones de vida existentes en una zona determinada. De hecho, ahora es más fácil congregar opositores, sin importar el lugar en que se encuentren, dando origen a comunidades virtuales que prosperan gracias a la tecnología y las nuevas maneras de comunicarse.

Y aunque es posible argumentar que este tipo de activismo es sano, y más en un país cuya democracia es imperfecta, los riesgos de que el clima actual se vuelva permanente son grandes. Para comenzar está el peligro de que los criterios emocionales se sobrepongan a los técnicos. Lograr el balance adecuado entre los derechos o aspiraciones de unos grupos minoritarios y las políticas y emprendimientos que buscan beneficiar a la mayoría, puede convertirse en un acertijo sin solución.

Dicha inquietud no solo atañe a la manera en que se va a atender la futura demanda de electricidad. Dados los atrasos en la infraestructura física, vale la pena preguntarse si habrá la capacidad de construir consensos para llevar a cabo megaproyectos como el de conectar a la Orinoquia con el Pacífico y así convertirnos en una potencia exportadora de alimentos. Otros ejemplos viales o ferroviarios son menos ambiciosos, aunque también darán lugar a polémicas cuyo desenlace es impredecible.

Más difícil todavía es la ruta para la minería o incluso para la exploración y explotación de petróleo. Los miles de millones de barriles de crudo que se lograrían extraer mediante el uso de técnicas no convencionales se pueden quedar en el subsuelo por cuenta del rechazo que despierta entre los colombianos el conocido ‘fracking’.

En otras sociedades en las que se abren debates del mismo tenor, la discusión se logra zanjar cuando hay confianza en el marco institucional y la calidad de las normas. El profesionalismo de los funcionarios y la creación de grupos de expertos es la mejor garantía de que aun detrás de las determinaciones más polémicas hay un respaldo de estudios y análisis objetivos.

No hay duda de que en los últimos años se ha avanzado por ese camino, pero falta hacer más. Mantener el statuo quo es exponerse a que, como reza la expresión popular, “aquí no se puede hacer nada”. Y eso es algo que no le conviene a Colombia. En absoluto.