A la espera de un remedio

 

Han pasado varias semanas desde cuando estalló el capítulo más reciente de la crisis de la salud y entre los interesados en el tema hay opiniones contradictorias sobre la marcha de un sector clave para la economía y la tranquilidad social. De un lado, están quienes afirman que el deterioro continúa, así las autoridades hayan tomado medidas para ponerle un torniquete a la vena rota, abierta por la presencia de prácticas corruptas.

Del otro, se encuentra el Gobierno, que asegura tener la situación bajo control al igual que haber definido la hoja de ruta que permitirá superar las dificultades.

Para comenzar, los pesimistas dicen que la situación se ha empeorado debido a que la falta de liquidez tiene a diferentes entidades al borde del colapso. Sin desconocer que el Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto al hacer un giro de 800.000 millones de pesos a varios operadores, ese dinero no le ha llegado a todos.

Quizás el área más crítica es la de las EPS, que se encuentran en el centro de la polémica. Las denuncias sobre posibles abusos, sumadas a lo dicho por varios funcionarios en el sentido de que habrá una reducción en el actual número de entidades –que hoy en día ascienden a 72– han creado una gran incertidumbre.

Debido a ello, existen testimonios que hablan de la cancelación de las líneas de crédito que el sector financiero tenía abiertas para el ramo.

Esa falta de oxígeno es preocupante.

Sin ignorar que hay evidencias de abusos graves en unas cuantas empresas, todo indica que en la actualidad los justos están pagando por los pecadores. Además, mientras no se definan los criterios que permitirán establecer quién tiene futuro y quién no, la incertidumbre hace muchísimo daño.

Por tal motivo, hay que promulgar con prontitud las nuevas reglas de juego, porque de lo contrario es posible que el campo se quede sin muchos jugadores.

Semejante eventualidad sería totalmente indeseable, teniendo en cuenta que ciertas decisiones empiezan a rendir sus frutos.

Así, es destacable que el ritmo de los recobros al fondo de solidaridad de la salud haya descendido en cerca de 60.000 millones de pesos mensuales, con lo que se corrige, en parte, el desbalance financiero que asciende a cerca de 2 billones de pesos al año.

Al mismo tiempo, existen varias estrategias en marcha, orientadas a mejorar la calidad de la información disponible y cerrar algunos boquetes adicionales. De hecho, el Gobierno sostiene que la Ley 1438, que fue aprobada el año pasado, le da herramientas suficientes para tomar correctivos, mientras que otros procesos, como la definición de un nuevo Plan Obligatorio de Salud, siguen su marcha.

Ojalá así sea. La razón es que el Ejecutivo ha decidido no escuchar la opinión de los analistas externos que le han recomendado impulsar la expedición de una ley estatutaria para el ramo de la salud.

Esa postura, que se apoya más en razones prácticas que ideológicas, hace pensar que el esquema vigente se va a mantener en términos generales, lo cual no necesariamente es malo.

Tal vez lo principal es que así habría menos traumatismos para los 20,2 millones de usuarios que pertenecen al régimen contributivo y para los 24,3 millones que están en el subsidiado, con lo que la cobertura asciende al 97 por ciento de la población colombiana.

No obstante, el riesgo es que algunos de los vicios actuales permanezcan, como lo señalaron varios expertos en el Foro Farmacéutico que se adelanta en Cartagena. Eso sería muy grave si se tiene en cuenta que la causa principal de los problemas son los malos incentivos que existen y no tan solo la corrupción. Dicho de otra manera, si se erradica la venalidad, eso no garantiza que el sistema sea sostenible. Por tal motivo, la enfermedad de la salud sigue, ante lo cual hay que insistir en que el remedio no consiste en paños de agua tibia.