Falta de coherencia

 

El arreglo al cual llegaron ayer el sector sindical y la compañía Pacific Rubiales con la participación del Gobierno da cierta luz de esperanza sobre la evolución de un asunto que ha dado un giro preocupante.

Quien lo dude no tiene más que mirar las tomas que registran los durísimos enfrentamientos de esta semana entre manifestantes y policías en inmediaciones de Puerto Gaitán (Meta), las cuales dejan en claro que las vías de hecho han llegado a superar de lejos a las del diálogo.

Esa situación le coloca un interrogante al futuro del sector petrolero, pues aparte de los riesgos propios de la exploración y el desarrollo de campos productivos, hay una creciente agitación laboral que ha obligado en varias oportunidades a la suspensión del bombeo de crudo, originando pérdidas millonarias. En el centro del debate está el reclamo de los trabajadores del ramo por mejores condiciones que incluyen salarios más altos y ciertos beneficios adicionales.

Aunque tales peticiones son totalmente válidas, lo que es inquietante es la presencia de actos violentos, protagonizados por agitadores que incluyen personas diferentes a los empleados de las empresas en cuestión.

Dicho de otra manera, una cosa es el respeto al legítimo derecho de asociación y otra son las tácticas intimidatorias y las amenazas veladas. En este caso en particular, existe un descarado intento de la Unión Sindical Obrera de tomarse la vocería de los trabajadores del área y constituirse en el único interlocutor válido en las discusiones, algo que ha sido rechazado por las poblaciones locales en el pasado reciente.

Casos como ese vuelven a demostrar que el río del negocio petrolero está revuelto y que muchos quieren lanzar el anzuelo para pescar por cuenta propia.

Aparte de la USO hay que mencionar a las autoridades locales y regionales, que quieren delegar sus responsabilidades en la empresa privada, así como a congresistas que ven oportunidades políticas en señalamientos que pocas veces son justificados.

Dicha situación ha surgido como consecuencia de la propia debilidad del Estado y de la escasa coordinación al interior del Ejecutivo.

No hay que olvidar que en esta oportunidad las protestas tomaron vuelo tras las declaraciones hechas por el Vicepresidente de la República, ante lo cual fue necesario armar unas mesas de negociación en las cuales ha sido fundamental la labor de una consejería presidencial.

No obstante, es indispensable que los ministerios de Minas, Ambiente y Protección Social adopten un rol activo y no aparezcan solamente cuando se declara el incendio.

Por tal motivo, es válida la exigencia que se le hace al Gobierno, en el sentido de que debe ser coherente. También lo es la petición de que lave la ropa sucia en casa y armonice posturas con base en estudios técnicos.

Al mismo tiempo que eso ocurre, las compañías del sector petrolero tienen que hacer mucho más para contar la verdad.

Por ejemplo, un estudio hecho por el Ministerio de Protección Social mostró que los salarios en las empresas productoras que operan en cercanías de Puerto Gaitán son el 151 por ciento de lo que gana la mano de obra no calificada en el país, algo que contrasta con la percepción de que los salarios son pésimos y no respetan ni siquiera los mínimos legales.

Adicionalmente, es necesaria una mayor supervisión sobre los contratistas de obras, pues los abusos que se han identificado se concentran en este ramo. También hay que mejorar los programas de responsabilidad social empresarial que en muchos casos no responden a la lógica de mejorar el bienestar de las comunidades.

Todo lo anterior demuestra que hay un gran camino por recorrer, si no se quiere que la locomotora minera sufra nuevos tropiezos.

El arreglo de ayer es un avance, pero falta todavía mucho trabajo antes de declarar que la emergencia en el sector ha sido superada.