¿El fin de la fiesta?

 

Para la mayoría de los colombianos, el dato que dio el Dane hace unos días, al anunciar que las licencias de construcción habían tenido un aumento del 9,6 por ciento en septiembre frente a igual periodo del año previo, no quiere decir mucho.

Simplemente que la buena dinámica en el ramo edificador se mantiene, así el ritmo haya bajado en comparación con lo visto en el primer semestre.

No obstante, los especialistas en el tema se sorprendieron ante el abrupto cambio observado en la velocidad, sin desconocer que en lo que va del 2011 el incremento asciende al 53,7 por ciento y se llegará a un récord histórico en lo que hace al total de metros cuadrados aprobados.

La protagonista de lo ocurrido es la vivienda, que tiene el peso más elevado en este ramo y cuya área licenciada aumentó 62,8 por ciento en los primeros nueve meses del año.

Así, una de las más importantes locomotoras de la prosperidad parece encaminada a cumplir con la meta de un millón de unidades habitacionales iniciadas durante el cuatrienio.

Diferentes factores han confluido para que en lo que hace a la oferta como a la demanda, el resultado esté por encima de lo presupuestado.

Frente al entusiasmo que ese arranque genera, suenan sorprendentes las quejas que empiezan a oírse entre las firmas constructoras.

Si bien las protestas no se han hecho públicas, la percepción entre las compañías del ramo es que puede haber obstáculos serios para la marcha de sus negocios si el Gobierno no cumple sus promesas de mantener los subsidios a la tasa de interés que nacieron en el 2009, como parte de las estrategias anticíclicas orientadas a detener la crisis que arreciaba en la época.

En términos simples, la administración de Álvaro Uribe identificó recursos por 500.000 millones de pesos que estaban en el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria y los dedicó a aminorarles el costo financiero a las familias que compraran viviendas de hasta 335 salarios mínimos mensuales (algo menos de 180 millones de pesos de hoy). Dependiendo del precio, dicha reducción podía ser hasta de cinco puntos porcentuales al año, con lo cual compradores que tuvieran ingresos de dos salarios mínimos podían ser sujetos de crédito con más facilidad que en condiciones normales.

Las cosas salieron tan bien, que no sólo los constructores salieron de sus elevados inventarios, sino que los bancos aumentaron su cartera y miles de personas pudieron tener acceso a una vivienda digna la cual, además, empezó a subir de precio una vez se consolidó la economía.

En respuesta, la inyección de fondos públicos subió, está vez gracias al presupuesto nacional. En total las asignaciones de recursos en la era de Uribe llegaron a 887.000 millones de pesos que apoyaron a 95.000 cupos de crédito, mientras en lo que va de la de Santos la suma llega a 293.000 millones que van a 38.000 cupos.

Al tiempo que eso ocurre, la vivienda no sólo se ha recuperado, sino que está en pleno auge. Tanto que hay quienes hablan de una burbuja inmobiliaria, ante lo cual aconsejan el desmonte de los subsidios.

Dicha postura, al parecer, es respaldada por el Ministro de Hacienda, quien piensa que las ayudas tienen lógica en época de ‘vacas flacas’ y no cuando estas se encuentran más gordas que nunca. Una investigación laureada de la Universidad de los Andes respalda también dicha postura.

El problema es que si la plata se acaba se pueden dañar un buen número de ventas ‘palabreadas’ cuando se empezaron proyectos que están a punto de terminarse, pues muchos compradores podrían ver negada su solicitud de crédito.

Por tal motivo, el sector ha pedido más subsidios y todo indica que 30.000 millones más vienen en camino, pero sólo para los sectores más pobres. Como consecuencia, y en medio del auge empiezan las protestas de quienes dicen que la locomotora de la vivienda va a encontrar obstáculos en la vía en cuestión de meses.