La detención del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado y seguirá desatando grandes repercusiones políticas y jurídicas para el país.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de privar de la libertad al exprimer mandatario ha despertado todo tipo de lecturas que enrarecen el ambiente político.
Por ejemplo, el contraste entre la situación jurídicas del jefe de la bancada gobiernista y la de los excomandantes de las Farc, beneficiarios del Acuerdo de Paz, es inevitable y, para muchos ciudadanos del común, indignante.
En estos momentos, no solo ganan fuerza teorías conspirativas y se alimentan los extremos ideológicos, sino también aumenta la presión sobre la gobernabilidad de la administración Duque.
Además, surgen propuestas como la de una Asamblea Constituyente por parte del Centro Democrático, cuya inconveniencia para la economía es grande en medio de una pandemia con impactos tan severos.
De hecho, la noticia sin precedentes de la detención de Álvaro Uribe no movió la aguja de la economía, al menos en corto plazo. El dólar, los mercados, los fondos y los inversionistas recibieron sin nerviosismo la decisión, tanto por la incertidumbre global de la pandemia como por el camino institucional que, hasta ahora, todas las partes han tomado.
El proceso judicial contra el expresidente Uribe está en fases iniciales y podría estar detenido por un año como mínimo. Por esta razón, las tareas en los frentes de salud pública contra el coronavirus y de la recuperación económica deben blindarse de las tormentas políticas y jurídicas que apenas comienzan.
Si bien estas consecuencias políticas que desató la detención en contra de Uribe son inevitables, el Gobierno Nacional, los actores económicos y los hogares no pueden perder el foco de los dos principales objetivos: superar la crisis sanitaria del coronavirus y reactivar la economía y los empleos.
Lo anterior es más fácil decirlo que poder lograrlo. Los bloques políticos ya arrancaron su camino hacia las elecciones presidenciales de 2022 y tanto para la coalición de gobierno como para la oposición, hay demasiado en juego. En el caso del Centro Democrático, el futuro político y jurídico de su líder.
No se trata de impedir una batalla inevitable, sino de blindar las estrategias de salud pública y economía durante los próximos meses. A las incertidumbres sanitaria y económica no se puede añadir la incertidumbre política e institucional.
Esta doble crisis que atraviesa Colombia requiere que su Gobierno, sus líderes empresariales y los ciudadanos estén a la altura de las circunstancias. El país transita hacia los peores momentos de la pandemia con el crecimiento imparable de los contagios y de los fallecidos.
Las expectativas de la economía siguen deteriorándose. El Banco de la República, al igual que otros analistas, han reducido sus pronósticos. El PIB en 2020 caería entre 6 y 10 por ciento, mientras que la tasa de desempleo estaría entre 16,5 y 19 por ciento. Ya se han perdido más de cuatro millones de puestos de trabajo y la pobreza podría aumentar hasta unos diez puntos porcentuales.
Si bien la reactivación gradual de la mayoría de los sectores económicos ha mejorado los indicadores, la confianza y el consumo continúan duramente golpeados. Ya empieza a percibirse que los supuestos del Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo son demasiado optimistas frente al ritmo real de la recuperación.
La turbulencia política y jurídica no puede descarrilar el inmenso esfuerzo que toda Colombia necesita desplegar para retornar al sendero del crecimiento y la equidad. La prioridad hoy debe ser la recuperación de las empresas, los empleos, los ingresos y los hogares.