Gasolina al fuego

 

Grave. Esa es la palabra que se debe usar para describir la situación de orden público en Puerto Gaitán (Meta), al cabo de días de disturbios que han dejado numerosos detenidos, policías heridos y pérdidas cuantiosas por el cierre de negocios y el vandalismo.

Aunque para la mayoría de los colombianos las noticias sobre los choques ocurridos en la zona pueden sonar como una perturbación pasajera más, el asunto es mucho más serio.

Para comenzar, porque afecta la normalidad de un municipio que produce cerca de la tercera parte del petróleo de Colombia.

Pero es aún más trascendental la aparición de tensiones laborales, alentadas por los sindicatos del ramo, con la conocida Unión Sindical Obrera (USO) a la cabeza. De la manera en que estas se resuelvan podría evolucionar el futuro petrolero del país.

En el mejor de los casos, las empresas y los trabajadores del ramo pueden llegar a acuerdos que les permitan explorar nuevas oportunidades y mejorar los ingresos de miles de familias. En el peor, la locomotora minera corre el riesgo de descarrilarse.

En esta ocasión los inconvenientes nacieron cuando la firma contratista Montajes JM adelantaba obras por 30 millones de dólares en un campo que produce 20.000 barriles de crudo diarios y es propiedad de la española Cepcolsa y Ecopetrol. El pasado 20 de junio, unas 800 personas vinculadas temporalmente a la empresa proveedora entraron en paro y presentaron un pliego de 12 peticiones que fue bien recibido.

Sin embargo, horas después llegó a escena la USO que amplió las solicitudes a 45. En términos sencillos, la aspiración era equiparar las condiciones de los empleados temporales a las que rigen en la convención colectiva de Ecopetrol.

Ante el aumento en las pretensiones y el comienzo de las presiones que incluyeron amenazas de muerte que han sido documentadas por las autoridades, Montajes JM prefirió dar por finalizada su gestión, de común acuerdo con Cepcolsa.

Ello implicó la liquidación del personal, incluyendo el pago total de los contratos a términos fijo que estaban vigentes hasta finales del año.

La determinación no hizo más que elevar la tensión en Puerto Gaitán. A pesar de que la mayoría de los vinculados han regresado a sus lugares de origen, los disturbios han sido cosa de casi todos los días, lo cual ha obligado a imponer el toque de queda. Los reportes de prensa hablan de agitadores profesionales que lanzan papas bomba y cocteles molotov, lo que demuestra la seriedad de la situación.

En medio de tan difícil coyuntura, el vicepresidente Angelino Garzón terció en el conflicto. El viernes pasado sostuvo que la actitud de la empresa involucrada era “indolente, soberbia y prepotente” y la acusó de no respetar los derechos laborales.

Tal postura seguramente será ratificada hoy cuando tenga lugar un encuentro citado en la vicepresidencia, con las partes interesadas.

Tales opiniones, sin embargo, no coinciden con la apreciación que tienen los ministerios de Protección Social y del Interior, que han venido mediando en busca de una solución. Por lo tanto, es irresponsable que el Vicepresidente haga acusaciones de grueso calibre, echándole gasolina al fuego. Sin duda alguna, la legislación tiene que cumplirse, pero validar la intimidación y la amenaza como una manera de aumentar las afiliaciones sindicales es algo muy peligroso.

Semejante situación tiene a los representantes de la industria petrolera muy preocupados. El motivo es que el deterioro del clima social puede constituirse en un riesgo enorme para el avance de la actividad.

Ya en el 2010 se presentaron 95 bloqueos motivados por peticiones de infraestructura, pagos de servidumbre o contratación de personal local, pero ese número aumentaría en los próximos meses si la agitación continúa y los más altos representantes del Gobierno escogen bando en un tema que debe ser manejado con neutralidad y cabeza fría.