Hablar de paz

Tales palabras, pronunciadas ayer en la Casa de Nariño por Juan Manuel Santos, cuando informó sobre el acuerdo al que se llegó con las Farc, en La Habana, resumen la esperanza de un gobierno que vuelve a transitar por la senda de las conversaciones de paz.

A partir del próximo mes de octubre comenzará en Oslo una negociación que tiene plazo limitado y agenda definida. En esta última, los temas son política de desarrollo integral, participación en política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación, en caso de que se logre un feliz término.

Irónicamente, el principio que rige las discusiones es el mismo que se aplica en los debates de los tratados de libre comercio, que tanto critica la guerrilla: nada está acordado hasta que todo esté acordado.

El camino que sigue no es fácil, y el país lo sabe por experiencia. Dialogar sin un cese de hostilidades de por medio hace difícil conseguir el respaldo de la opinión, y les da argumentos a los críticos del proceso para calificarlo de fracaso cada vez que suceda un episodio de violencia.

Además, no va a ser sencillo encontrar un punto medio que implique concesiones por parte de la sociedad, y alicientes para que miles de combatientes irregulares dejen las armas y se reintegren a la vida civil.

No obstante, ninguno de esos desafíos es infranqueable.

Por tal motivo, es legítimo que el Ejecutivo intente conseguir la paz, no solo porque existe un mandato constitucional al respecto, sino debido al impacto positivo que su concreción tendría sobre la sociedad y la economía.

A este respecto, vale la pena recordar una verdad de a puño: la guerra es un pésimo negocio.

Múltiples estudios han demostrado que aparte de la destrucción que esta deja, “el grueso de los costos proviene de las distorsiones impuestas sobre el desarrollo económico y social”, tal como lo afirma un trabajo reciente de Ana María Ibáñez y Christian Jaramillo, de la Universidad de los Andes.

En particular, un conflicto de baja intensidad como el que ha tenido Colombia, debilita la capacidad productiva por el daño que se le hace a la infraestructura física y los ataques a la población civil, que redundan en pérdidas de capital humano y de eventuales inversiones. Como consecuencia de esa realidad, el mercado laboral varía, lo cual se ve en un incremento de la informalidad y el desempleo. Igualmente, los presupuestos públicos cambian, ya que la seguridad demanda más recursos, con lo cual se sacrifican otros programas.

¿Cuánto ha costado dicha situación?

Diferentes análisis calculan el peso del conflicto entre 0,5 y 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto al año. Pero si se quieren indicadores más comprobables, basta con recordar que en la década de los setenta el gasto en defensa y policía equivalía a cerca del 1,6 por ciento del PIB, mientras que ahora dicho nivel es superior al 4,5 por ciento.

En el presupuesto del 2013, el monto propuesto para el sector asciende a 26,3 billones de pesos, aunque una parte importante (4,8 billones) está destinada a pensiones.

A la luz de tales cifras, para el país sería muy rentable firmar la paz. Esa afirmación es válida, pero hay que señalar que el posconflicto tiene costos que, incluso, pueden golpear temporalmente la tasa de crecimiento.

Aún la reducción en los dineros asignados a la seguridad no es inmediata, pues lo visto en otras latitudes sugiere que el crimen no necesariamente desaparece de la noche a la mañana, algo para tener en cuenta en una nación en la que el narcotráfico continúa presente.

Por tal razón, hay que mirar el proceso que comienza con optimismo y realismo a la vez.

La oportunidad es inmensa, aunque muchos desafíos seguirán vigentes y será necesario un esfuerzo de años para cerrar la brecha, así se silencien los fusiles.