Hay que ser y parecer

Dicen algunos de los congresistas que han llegado al Capitolio por primera vez, y especialmente los preocupados por los asuntos económicos, que es sorprendente la lentitud con la cual sus colegas han encarado la discusión en torno al presupuesto del 2015.

En lugar de ser motivo de debate intenso –tal como sucede en las democracias más modernas–, el ritmo ha sido lento, lo cual hace pensar que cuando en octubre se agoten los plazos triunfará la práctica del ‘pupitrazo’ sobre la de hacerle un examen detallado a las diferentes partidas que componen la propuesta.

No debería ser así. El motivo es que el margen de maniobra creciente que desde hace varios años daba el comportamiento de los ingresos fiscales, ha empezado a cerrarse. El estancamiento en la producción petrolera y la tendencia a la baja en las cotizaciones internacionales del crudo son un campanazo de alerta sobre el comportamiento de los recaudos estatales, más allá de que el Ejecutivo logre sacar adelante la reforma tributaria con la que busca más de 12 billones de pesos para cuadrar las cuentas.

En consecuencia, lo lógico sería que senadores y representantes aprieten las tuercas y se inclinen por recortar la suma de 220 billones de pesos que solicitó la administración Santos a finales de julio, a menos que no haya duda sobre la viabilidad de las fuentes de recursos identificadas. El problema es que en Colombia, los parlamentarios no reciben reconocimientos por ser responsables en materia de egresos, sino por conseguir partidas para sus regiones.

Ante esa situación probable, el Gobierno tiene dos opciones. La primera es concentrarse en sacar adelante su iniciativa, consciente de que un voto favorable lo fortalece políticamente. La segunda es empezar a hacer un trabajo interno, porque cualquier victoria será pírrica si la plata no le alcanza y se ve obligado a sacar la tijera.

Por tal razón, la Casa de Nariño está en mora de comenzar a hacer un trabajo que es, a la vez, antipático e indispensable. Este consiste en dar directrices para que ministerios y entidades se ajusten el cinturón y comiencen a ser austeros, no de manera simbólica, sino real.

Como es bien sabido, a Juan Manuel Santos le gusta delegar, lo cual está bien y forma parte de los principios de la gerencia moderna. El lío es que si la mayor autonomía no se acompaña de controles, pueden verse excesos.

Y algunos empiezan a notarse, sobre todo en áreas como los viajes o la publicidad oficial. Aunque las cifras disponibles no son de buena calidad, con frecuencia se encuentran delegaciones numerosas de funcionarios en eventos que no lo ameritan, al tiempo que la presencia de la pauta pública es más notoria, especialmente en los medios audiovisuales. Otros afirman que las asesorías de toda índole o las flotas de vehículos oficiales van en aumento.

En principio, dicha información debería estar disponible con tal de corroborarla. Lamentablemente, los órganos de control no la entregan, quizás porque no tienen como dar ejemplo. La opinión no olvida lo hecho por la Contralora saliente, que en lugar de invertir 6.000 millones de pesos en la modernización de la sede propia que tenía la entidad, firmó un contrato de arriendo que costó 13 veces más.

En cualquier caso, en esto de los ahorros, el Gobierno no tiene solo que ser, sino parecer interesado en buscar las mayores economías. El motivo no solo es que el dinero que pagan los contribuyentes para el funcionamiento del Estado debería usarse de la mejor manera posible, sino que cualquier desbalance eventualmente impactará el accionar de la administración.

Por ello es mejor comenzar ya a trabajar en un plan voluntario de recortes, con el fin de que en el futuro no se tengan que hacer las cosas a la fuerza. Y eso es lo que va a suceder si quienes tienen la responsabilidad del gasto público no se dan cuenta a tiempo de que el palo no está para hacer cucharas.