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El calendario ha perdido hojas, pero los titulares en este noviembre se parecen mucho a los de abril pasado o, incluso, a los de hace 12 meses.
En todos los casos se habla de ríos desbordados, hectáreas anegadas, carreteras cerradas y pérdida de vidas humanas.
A veces cambian los lugares, pero no la sensación de que el país es víctima de una tragedia prolongada, a la cual simplemente se le agregan capítulos todos los días.
La causa, como es bien conocido, es el invierno, que vuelve a afectar las actividades de los colombianos con una dureza inusitada.
Según fue informado por el Gobierno, hasta la fecha la presente temporada de lluvias ha dejado 328.322 personas damnificadas en 358 municipios, además de 101 fallecidos.
Tales cifras son un poco menores a las registradas previamente, pero eso no aminora la magnitud de lo ocurrido.
Como si lo anterior fuera poco, la infraestructura sigue acusando el golpe de la naturaleza. Ayer la caída de una parte de la banca en cercanías del Alto de La Línea, obligó al cierre de la principal vía que conecta a Bogotá con Buenaventura.
Debido a ello, los tiempos de desplazamiento aumentarán, además de los costos de transporte, justo cuando llega la temporada navideña. Quienes conocen de estas cosas saben que la ruta alterna, por Manizales y el páramo de Letras, no da ninguna garantía, aparte de alargar significativamente el trayecto.
El impacto de la situación dependerá de la duración de las obras de rehabilitación que han sido emprendidas, pero desde ya hay quienes comienzan a hablar de un golpe sobre los precios, precisamente cuando la inflación viene de franquear el 4 por ciento anual.
Si bien diversos funcionarios han hecho un llamado a la calma y han hablado del normal abastecimiento de productos, el hecho es que el paso se encuentra suspendido en una decena de carreteras principales, lo cual alimenta los reajustes y la especulación.
Tal como es usual en estos casos, el Ejecutivo afirma que tiene cómo responder a la emergencia.
No sólo se han apropiado 35.000 millones de pesos para atender emergencias y se han destinado 23.000 millones más para asistencia humanitaria, sino que los billonarios programas diseñados al comenzar el 2011 mantienen su curso. Además, el Ministerio de Transporte afirma que sus inversiones para enfrentar las urgencias se cuentan en cientos de miles de millones de pesos.
No obstante, hay cierta sensación de impaciencia en sectores de la opinión. Una vez más, vuelven a elevarse las voces que hablan de imprevisión frente al regreso de una temporada invernal anunciada.
También suben de tono los cuestionamientos frente a la lentitud en la ejecución de obras de mitigación o de reparación de daños. Como consecuencia, reaparece esa zona gris en la cual los mandatarios regionales y municipales –los mismos que entregan el poder el próximo 31 de diciembre– les echan la culpa a las autoridades nacionales y viceversa.
Pero no vale la pena quedarse en las recriminaciones mutuas. Para superar la discusión, es indispensable hacer un inventario de las obras realizadas, señalando aquellos departamentos en los que existen atrasos y destacando los que supieron prepararse.
Así mismo, vale la pena establecer si los tiempos de respuesta han mejorado, ya sea a la hora de habilitar el paso en una carretera o de llegar con auxilios a los damnificados. Dicho de otra manera, se requiere una mirada crítica en la que se puedan identificar fallas, al igual que casos de éxito.
Esa aproximación es indispensable, de cara al futuro. La razón es que por cuenta del calentamiento global, los trastornos climáticos en el país aumentarán en duración e intensidad.
Y aunque nadie puede garantizar que se pueda resistir a la fuerza de la naturaleza hay que aprender para no cometer los errores del pasado y, ojalá, asegurar que las pérdidas sean menores, así las lluvias no cesen.
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