Inclusión financiera

Fue una victoria temprana en una legislatura que todavía calienta motores. Así podría resumirse lo sucedido en la noche del miércoles, cuando la plenaria del Senado le dio su bendición final a un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda que busca “promover el acceso a los servicios financieros transaccionales”.

La iniciativa en cuestión tiene como propósito central buscar aquello que los especialistas conocen como la profundización financiera. Si bien el peso de las actividades de depósito y préstamo a través de los canales formales ha aumentado en los últimos años, seguimos muy rezagados. Como proporción del Producto Interno Bruto, la cartera representa el 38 por ciento en el caso de Colombia, mientras en Brasil asciende al 54 por ciento, en Chile al 109 y en las naciones que componen la Ocde, llega al 206 por ciento.

Tales índices son un síntoma de que millones de personas en el país no tienen acceso a las entidades bancarias, ya sea porque no pueden o porque no quieren. Entre los factores que explican la reticencia se encuentran los costos de ciertos servicios o los requisitos que se le exigen a un cuentahabiente. Lo anterior no desconoce el esfuerzo hecho en los últimos tiempos para incorporar a ciudadanos y negocios a las corrientes legales, pero el camino que falta por recorrer es largo.

Como consecuencia, el costo para la sociedad es inmenso. El ejemplo más notorio se da en el crédito, en donde imperan modalidades como el ‘gota a gota’, operadas por las bandas criminales. Una persona que consigue dinero a través de esa vía puede acabar pagando intereses que llegan al 300 por ciento anual con facilidad, para no hablar de extremos más aberrantes. Según la encuesta Elca del 2010, 22 por ciento del estrato 1 acude a los prestamistas, mientras que en el 4, la incidencia de esa fuente es del 3 por ciento.

Ante esa realidad, el Gobierno se propuso imitar los ejemplos exitosos que en otras partes del mundo han permitido atraer a millones de hogares a usar las vías institucionales. Casos como el de Kenia, en donde la penetración de la telefonía celular permitió el desarrollo de canales virtuales que son usados por el 70 por ciento de la población para hacer pagos y transferencias de dinero, fueron estudiados.

No obstante, Colombia no va a seguir plenamente ese modelo, ya que se quería combinar las cualidades del que se basa en la tecnología con el que es impulsado por los bancos. En consecuencia, cuando la ley sea sancionada será posible crear sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos que deberán tener un capital mínimo de 5.846 millones de pesos y estarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.

En un comienzo, el esquema contó con la oposición de los bancos y las entidades que ofrecen el servicio de transferencias de dinero. En el caso de las instituciones de crédito, el temor era que se creara un competidor, con menos requisitos y regulaciones, pero en los debates la mayoría de las inquietudes quedaron atrás. La esperanza es que, en un futuro no muy lejano, el traspaso de fondos de una persona a otra valga mucho menos que los ocho o diez mil pesos que cuesta hoy en día, lo cual representa un elevado porcentaje cuando se trata de sumas pequeñas.

Pero más significativo es que el sistema de abrir cuentas que pueden recibir hasta el equivalente de tres salarios mínimos será muy sencillo, pues bastara con la cédula de ciudadanía. En la medida en que una persona use los servicios, será posible construir un perfil de su manejo de recursos, lo cual, eventualmente, le abrirá las puertas de obtener préstamos.

Faltan meses antes de que todo eso se vuelva realidad, pero los promotores de la idea sostienen que en un lustro las cosas serán muy diferentes. Y que no falta mucho para que la meta de conseguir una verdadera profundización financiera se encuentre ahora mucho más cerca que lejos.