Por la verdadera justicia

 

 

La audiencia programada para las 8 de la mañana del próximo jueves 24, en las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá, no puede describirse como una cita cualquiera. A lo largo de siete horas los integrantes de la Corte Constitucional tienen planeado escuchar a una quincena de expositores, en respuesta a una demanda interpuesta por dos ciudadanos que se encuentra para consideración del alto tribunal.

El tema en cuestión no es otro que la pertinencia de un régimen especial de pensiones que hoy beneficia a un puñado de excongresistas y exmagistrados. El punto es si en Colombia es posible tener una jubilación que supere los 25 salarios mínimos mensuales (14,7 millones de pesos), a pesar de que una reforma constitucional aprobada en el 2005 impuso dicho límite. No obstante, un millar largo de personas reciben mucho más que esa cifra. Los excesos son de tal magnitud que han sido calificados como una aberración, cuyo costo extra para el erario se tasa en 56.000 millones de pesos al año.

Dicha situación ahonda la crisis de un sistema que constituye una verdadera vena rota para las finanzas públicas. Es bueno recordar que el tamaño del agujero pensional le cuesta este año al presupuesto nacional cerca de 25 billones de pesos, una suma muy similar a lo que se invierte en educación o seguridad. La diferencia es que los recipientes de esa suma son 1,5 millones de personas de las cuales cuatro quintas partes se ubican en el 30 por ciento más rico de la población.

El asunto es tan grave que diversos análisis demuestran que el régimen vigente es uno de los factores individuales que más contribuyen al elevado índice de desigualdad de Colombia. Puesto de otra manera, cálculos del Ministerio de Hacienda sostienen que el coeficiente de Gini del país sería dos puntos porcentuales más bajo, de no existir una transferencia de recursos tan descomunal, en favor de personas de los estratos altos.

Y dentro de ese equilibro, el caso más extremo es el de excongresistas y exmagistrados. En lo que hace a los primeros, estos se amparan en una ley de 1992, mientras que los segundos han ido a la sombra, gracias a una serie de sentencias proferidas por el Consejo de Estado. Más allá de lo abominable que resulta legislar en causa propia, es preocupante que existan organismos de control empeñados en prorrogar unas condiciones sin asidero financiero y con ninguno desde el punto de vista ético.

Ese es el caso de la Procuraduría General de la Nación, que desde hace años viene presionando al Ejecutivo para que incorpore en sus cálculos los parámetros delineados por los fallos judiciales. Según ese punto de vista, así los aportes que un congresista o un magistrado haya hecho a lo largo de su vida laboral cubran apenas una fracción del costo de su jubilación, lo que importa es darle un premio que supera con creces el que puede recibir un colombiano del común.

Ante el peligro de que un esquema de tal magnitud se derrumbe, las presiones han sido inmensas. Tanto en público como en privado, los integrantes de la Corte Constitucional han recibido observaciones de la rama judicial y del Capitolio, en defensa de una extraña solidaridad de cuerpo que no tiene justificación alguna.

Así las cosas, la calidad de los argumentos que se presenten el próximo jueves tiene que ser impecable, porque determinará el veredicto final. En particular, es clave que los representantes del Gobierno Santos demuestren que mantener el statu quo no solo es insostenible financieramente, sino que violenta cualquier principio mínimo de equidad, aparte de perforar lo que dice la propia Constitución.

Una vez más, se trata de demostrar que el bien común prima sobre el particular. Y eso solo se logrará sentando las bases para que más colombianos –independientemente de su nivel de ingreso– tengan derecho a una pensión sostenible y digna después de retirarse. Nada más, pero tampoco nada menos.