La vara de premios

Falta una semana antes de que la ley de financiamiento enfrente su prueba final en las respectivas plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Mientras, tras bambalinas diversos sectores hacen lo posible para buscar beneficios o aminorar el daño, en otras instancias los analistas continúan en el proceso de digerir el texto que fue aprobado en comisiones conjuntas a comienzos del mes.

Entre los temas que más han llamado la atención, se encuentra el Artículo 68 del proyecto en curso, que a su vez modifica otro del estatuto tributario. El acápite en cuestión se refiere a las rentas exentas a partir del año gravable 2019 y tiene como plato fuerte un incentivo para empresas del ramo de la economía naranja. Siempre y cuando se constituyan nuevas sociedades y estas comiencen su actividad antes del 31 de diciembre del 2021, habrá un beneficio de cinco años, una vez el Ministerio de Cultura emita un acto de conformidad con la iniciativa.

Dado que la inversión exigida no puede ser inferior a 12.000 UVT (400 millones de pesos de ahora) y debe hacerse en un plazo máximo de tres años gravables, la lista de iniciativas puede no ser tan extensa. Aun así, hay un debate en marcha por cuenta de los segmentos que quedarían cobijados, lo cuales no son pocos.

Y es que en la lista se encuentran confección de prendas de vestir, fabricación de calzado, muebles, joyas o instrumentos musicales. También está transporte de pasajeros, alojamiento en hoteles, edición de libros, producción de películas, telecomunicaciones, desarrollo de sistemas informáticos, educación y creación cultural, entre otros. Son más de 60 categorías, cuya designación se basa en estudios internacionales, pues definir lo que es de color naranja y lo que no, es motivo de discusión.

Al respecto, los señalamientos son varios. El primero es de carácter general, pues no hay evidencia definitiva de que estos instrumentos de política sirvan. Puesto de otra manera, se haría un sacrificio fiscal a cambio de nada, pues este no incentiva a los inversionistas a hacer algo distinto de lo que de todas maneras iba a suceder. Mirar el antes y el después no necesariamente es concluyente.

Un caso concreto ilustra esa información. En años pasados, el número de camas hoteleras en Colombia creció de manera descomunal, pero la pregunta es si ese auge se debió a la mejora en las condiciones objetivas de seguridad y al aumento en las conexiones aéreas, por encima de las gabelas tributarias otorgadas que pudieron impulsar la especulación inmobiliaria. Dadas las tasas de ocupación al alza, no falta quien cuestione si esa buena rentabilidad del sector de la hostelería es excesiva.

Por otro lado, también está el punto de que no hay nada más permanente en Colombia que una exención temporal. Una buena cantidad de experiencias ilustra la tendencia de algunos beneficios a prolongarse por mucho más años de lo que pretendieron sus impulsores originales.

No menos importante es el cuestionamiento de que el concepto de economía naranja se extienda a capítulos establecidos, como la elaboración de ropa. Aparte de que darle preferencias a labores que tradicionalmente pagaron impuestos castiga a las empresas que perduraron en el tiempo a punta de tesón y creatividad, está el peligro de que algunas decidan marchitarse para abrir operaciones con otro sombrero.

En respuesta, no faltarán las explicaciones sobre los filtros destinados a evitar abusos. Sin embargo, no basta con tener la guardia arriba para contar con una arquitectura tributaria equitativa. A fin de cuentas las exenciones en renta ya cuestan cerca de cuatro billones de pesos al año, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ahora esos subsidios serán todavía mayores, con la duda sobre si esta vara de premios responde al interés general y no al particular.

Ricardo Ávila Pinto 

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@ravilapinto