Limpieza justificada

Aquel conocido refrán según el cual ‘el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones’, sirve para describir lo que sucede en Colombia con las entidades sin ánimo de lucro. Muchas cumplen una labor admirable, ya sea en materia de apoyo a comunidades vulnerables, respaldo a la educación o promoción de labores de desarrollo social, aparte de investigación científica y actividades culturales, entre otros campos de acción.

Lamentablemente, de un tiempo para acá un mecanismo destinado a promover la búsqueda del bien común se convirtió en instrumento para el bien individual. En repetidas ocasiones se ha visto cómo detrás de numerosos escándalos de corrupción aparecen fundaciones, en ocasiones asociadas a barones políticos. También se volvió costumbre que entes que, en la práctica, eran negocios, se habían vuelto en mecanismo para repartirse ganancias o titular bienes que incluyen fincas de recreo y lotes de engorde.

Debido a ello, en la reforma tributaria del 2016 se adoptó un nuevo esquema orientado a separar el oro de la escoria. La reglamentación de la ley estableció plazos, que vencen hoy, lo cual no ha dejado de generar protestas. Tal como a los estudiantes que esperan hasta última hora para entregar tareas, hay administradores de Esal que buscan afanosamente reunir la información requerida.

No obstante, las normas son inflexibles y obligan a hacer un corte de cuentas. Las cifras indican, además, que poner orden en la materia era una necesidad imperiosa. Ese objetivo resulta clave, pues las exenciones a las que tienen derecho estos vehículos ascienden a 1,8 billones de pesos, que no es un número menor.

Según el inventario realizado, a 31 de diciembre del año pasado había 193.070 entidades sin ánimo de lucro. De ese total, hay 19.771 cooperativas cuyo proceso quedó para el 2019, además de 6.165 personas jurídicas que no son declarantes ni contribuyentes (como la Cruz Roja o las superintendencias, por ejemplo), y otras que declaran, pero están exentas, un grupo que comprende a las iglesias.

Del saldo que queda, se determinó que 22.344 Esal no prestan ninguna de las actividades meritorias definidas por la ley, mientras que 15.515 se cambiaron voluntariamente al régimen tributario ordinario. Un guarismo menor renunció en su declaración de renta, mientras que 78.558 no cumplieron el requisito.

En resumen, del grupo original quedó menos del 24 por ciento con opción a un tratamiento especial, pero una tercera parte no había hecho el trámite requerido el jueves pasado. Todo lo anterior lleva a pensar que fácilmente una de cada cinco entidades no se encontraba dónde le correspondía y que aquí se le puso un torniquete a la elusión y la evasión de impuestos.

Basta recordar que la tarifa general de renta para las sociedades será del 33 por ciento el próximo año, mientras que una Esal que se ajuste a los parámetros establecidos pagará 20 por ciento sobre sus excedentes, a menos que los reinvierta en actividades meritorias. De tal manera, no es cierto que se le cierren las puertas a la filantropía. Lo que sucede ahora es que hay controles que premian a los justos y castigan a los pecadores.

Y con respecto a los que afirman que no estaban enterados, vale la pena recordar que la Dian envió 236.000 comunicaciones y realizó 236 jornadas de capacitación a las que asistieron 19.000 personas. Puesto de otra manera, no hay excusa para la tardanza o el incumplimiento.

Ahora lo que viene para las autoridades es desarrollar sistemas de información efectivos con el fin de evitar futuros abusos. No hay duda de que el sacrificio tributario que se hace en beneficio de labores encomiables está justificado, pero eso es muy diferente a permitir que los avivatos se aprovechen. Para ellos, la única vía es la del infierno.

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@ravilapinto