Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Innovación, el 8 de septiembre del año pasado, el país ha estado a la espera del documento de política que determinará los pasos a seguir, sin que hasta la fecha haya noticias de su avance.
El esfuerzo realizado por elaborar una estrategia de innovación no se puede perder en un momento tan crucial de la historia de Colombia, en el que la responsabilidad de incrementar la insuficiente inversión que se hace en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) traería enormes beneficios.
El tema cobra mayor relevancia con la reforma al régimen de regalías, en la cual se estipula que el 10 por ciento de los recursos que obtendrán todos los departamentos por este concepto se invertirá en actividades de CTeI.
Esta es una oportunidad única para sembrar las bases de un crecimiento económico basado en la innovación, principal fuente del crecimiento sostenido que tanto necesita Colombia y que debe ser del orden del 6 por ciento durante los próximos 20 años, si quiere cumplir con las metas que se ha impuesto el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI) con miras al 2032.
En dicha Estrategia se definió la hoja de ruta que debía seguir el país. En sus páginas se resalta la necesidad de llevar a cabo un plan selectivo para desarrollar actividades de mayor valor agregado, con potencial de crecimiento y alto contenido de capital humano calificado.
Es bien sabido que en desarrollo científico y tecnológico Colombia tiene un bajo nivel de inversión, llegó apenas a 0,16 del PIB para el 2010 en investigación y desarrollo (I&D). Asimismo, hay un escaso número de doctorados en instituciones de educación superior, al igual que indicadores de pobre desempeño científico y limitados niveles de financiamiento para investigación científica y académica.
En cuanto a capital humano, aunque ha habido avances en cobertura, existen problemas de calidad, lo cual resulta evidente al comparar a Colombia con otros países en pruebas internacionales como Pisa. Los problemas en esta área crecen por las características de la educación superior, tales como presentar una pirámide invertida (30 por ciento de los estudiantes en educación técnica o tecnológica y 70 en universitaria) y tasas de deserción superiores al 40 por ciento.
Para contrarrestar la situación, la Estrategia busca promover políticas destinadas a incrementar el gasto del país en I&D, fortalecer la formación de capital humano, promocionar la investigación científica de excelencia y valorizar económicamente la ciencia.
El direccionamiento de política que debe resultar de la adopción de esta Estrategia debería contemplar adicionalmente el fortalecimiento del sistema de acreditación para evaluar la calidad y hacer un seguimiento a la educación, reformar el Sena o atraer capital humano especializado. Igualmente, se espera que incluya el desarrollo de capacidades para innovar en el campo empresarial y la revisión de la definición y parámetros del crédito tributario a la I&D empresarial.
El Gobierno no puede dejar pasar la oportunidad que brinda el contar con recursos de regalías para inversión en proyectos de CTeI en todos los departamentos del país. Por ello, es imperativo que este traduzca la Estrategia Nacional de Innovación en una política pública, con una cabeza visible, que podría ser el Departamento Nacional de Planeación.
Falta una institucionalidad articulada entre competitividad e innovación, en la que se defina el alcance y apuestas estratégicas de la política pública en CTeI.
Lo anterior sólo será posible a partir de la coordinación de las entidades públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y demás instituciones relevantes en el tema, tales como el Ministerio de Hacienda y Bancóldex. Hasta que eso no suceda, la locomotora de la innovación seguirá apagada.
RICARDO ÁVILA PINTO
ricavi@portafolio.co