Luces amarillas

 

Una nueva oleada de hechos de violencia a cargo de los grupos ilegales que operan en el país ha vuelto a ocupar los titulares de los medios de comunicación. Episodios lamentables como la muerte del Comandante de la Policía de Carreteras en Antioquia, diferentes acciones armadas en zonas rurales y urbanas, o los flagelos del atraco y el fleteo en las ciudades, contribuyen a deteriorar la percepción de los colombianos sobre el estado de la seguridad, un sentimiento que ha sido identificado por las encuestas desde hace meses.

Ayer, sin ir más lejos, el sondeo que hace Gallup en cinco capitales mostró que el 55 por ciento de los consultados piensa que la situación con la guerrilla está empeorando, 22 puntos porcentuales más que en octubre pasado.

Al mismo tiempo, tres de cada cuatro interrogados opina que la inseguridad ha aumentado, mientras que a finales del año pasado esa proporción era apenas superior a la mitad.

En respuesta, el Gobierno insiste en que los datos muestran otra cosa. Desde la perspectiva de las cifras objetivas, lacras como el asesinato o los robos vienen descendiendo, si bien este reconoce que las masacres y los secuestros revelan una tendencia al alza.

Por otro lado, la extorsión, un delito que no siempre se denuncia, también muestra una evolución preocupante, algo de lo que dan fe los dirigentes gremiales que escuchan los comentarios de sus afiliados.

Ante la aparición de diversas luces amarillas, la postura del Ejecutivo es la de sostener que no hay cambios de fondo, sino acciones que buscan generar impacto mediático, y que la consolidación de la lucha contra el crimen sigue su marcha. De hecho, ciertos ataques de las Farc y el Eln han sido descritos como una prueba de debilidad, un incordio que se asemeja a una patada de ahogado que produce espuma, pero no amerita un cambio de estrategia.

Esa actitud es equivocada.

Tal como lo comprueban las encuestas, la evaluación que hacen los colombianos de la realidad difiere radicalmente de la línea oficial. Por lo tanto, en lugar de querer tapar el sol con las manos, la respuesta gubernamental debería ser la de agarrar el toro por los cuernos y pasar a la ofensiva en términos de comunicación y nuevas políticas.

Lo anterior, obviamente, debe venir acompañado de una profunda reflexión interna, con miras a mejorar la inteligencia y la capacidad de contención y respuesta de las autoridades.

Dentro de los temas que merecen ser debatidos está el del número de efectivos, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía.

Reconociendo los esfuerzos del pasado, hay que evaluar si los recursos humanos actuales son suficientes, si están eficientemente distribuidos, si el notable esfuerzo de financiar un creciente gasto público da los dividendos esperados y si hay cómo responderles a los desafíos que existen en el campo y las áreas urbanas.

En cambio, de mantenerse la terca postura actual, el riesgo es mayúsculo.

Por una parte, una lectura negativa sobre la situación en este terreno puede ahuyentar la inversión y golpear a la economía y a varias de las locomotoras de la prosperidad, como la minería y la agricultura. Por otra, hay dirigentes políticos que quieren pescar en río revuelto y utilizar la excusa de la seguridad para cobrarle cuentas de diverso orden a Juan Manuel Santos.

Tales riesgos requieren un mensaje contundente. Suficientes sacrificios ha hecho la sociedad colombiana –y en particular sus Fuerzas Armadas– para dejar que el bache actual se convierta en algo más profundo.

Ante ese peligro hay que reaccionar a sabiendas de que la hidra del crimen está viva y que son necesarias mejores estrategias para cortar las cabezas de una bestia que es una amenaza para el progreso de un país que ha hecho mucho, pero al que todavía le falta para cantar victoria en este campo.