Un mal arreglo

Dice el conocido refrán que ‘un mal arreglo es mejor que un buen pleito’. Todo indica que la mencionada expresión podría utilizarse para describir el acuerdo al que llegaron anoche el Gobierno y los representantes del paro cafetero, que durante casi dos semanas entorpeció el normal desarrollo de las actividades en un buen número de regiones.

El humo blanco se produjo tras la intervención del vicepresidente Angelino Garzón y varios integrantes del gabinete. Luego de largas horas de negociaciones, que se llevaron a cabo en Pereira, finalmente la administración cedió ante buena parte de las exigencias que se le presentaron. La más significativa fue la creación de un apoyo que llevará el nombre de Protección al Ingreso de los Caficultores (PIC), que consiste en la entrega de un subsidio de hasta 145.000 pesos por carga para todos los productores del grano, independientemente de su tamaño.

Dicha suma representa un sobreprecio del 28 por ciento sobre el valor fijado por la Federación. Para completar el paquete, se llegó a un esquema para reprogramar las deudas de los cultivadores con el Banco Agrario, además de ayudas en materia de fertilizantes y asistencia técnica. Según las cuentas iniciales, el costo para el fisco será cercano al billón de pesos, una cifra que equivale a más de una tercera parte del presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura en el 2013.

Ahora la idea es que las cosas regresen a la normalidad. En el escenario ideal, todos los campesinos volverán a sus parcelas y el país habrá pagado, en parte, la deuda que tiene con un sector que ha sido fundamental para el desarrollo nacional a lo largo de las décadas pasadas.

En la realidad, lamentablemente, las cosas van a ser mucho más complicadas. Para comenzar, porque la cuenta que dejó el paro fue particularmente onerosa y desborda con creces las previsiones que había hecho el Ministerio de Hacienda. Además, como la producción se está recuperando, existe la posibilidad de que el giro de recursos deba ser aún más grande de lo que se calcula actualmente.

Y queda la duda con respecto al futuro. Teniendo en cuenta que un escenario de cotizaciones internacionales como el de ahora –en torno a los 1,4 dólares por libra de café– suena razonable y que una devaluación del peso es poco factible ¿quiere decir eso que de ahora en adelante el Estado tendrá que poner lo que falte para llegar a un piso cercano a los 700.000 pesos por carga?

A lo anterior hay que agregarle el peligroso mensaje que se le envía a cualquier sector que quiera soluciones por parte del Ejecutivo. Para decirlo con claridad, la señal es que los actos de fuerza son rentables y que vale más el argumento de bloquear una carretera, que una razón fundamentada.

No menos grave es el descomunal golpe a la institucionalidad cafetera. Para nadie es un misterio que la Federación quedó mal parada al haber sido excluida de las negociaciones, por voluntad del Ejecutivo. Esa actitud seguramente tendrá consecuencias al interior del gremio, en donde la balanza de poder había empezado a inclinarse en favor de los caficultores de menor tamaño. Al crear un cisma, los delegados de Juan Manuel Santos se arriesgan a socavar las bases de una institución que, sin duda, debe ser reformada, pero que no merece un entierro de tercera.

Finalmente, hay que preguntarse quiénes salieron ganando con lo sucedido. Aunque en principio el medio millón de familias que viven de la actividad resulta beneficiado, la verdad es que son los productores grandes –quienes tienen costos más bajos– los que se llevaron el premio mayor. Otra habría sido la historia, por supuesto, si el Gobierno llega a la mesa con un análisis técnico de cuánto vale producir una carga de café. Pero eso es lo que sucede cuando se negocia a ciegas y bajo presión de arreglar: que las cosas salen caras y la cuenta la acaban pagando todos los colombianos.