Han pasado varios días desde cuando el Gobierno de Argentina dispuso la nacionalización de las acciones que la española Repsol tenía en la petrolera YPF, y la polémica por la insólita determinación continúa.
La razón es que lo sucedido trasciende el ámbito de los intereses de una empresa que ha decidido hacer valer sus derechos al acudir a instancias jurídicas y sin entrar en una guerra mediática. Pero, más allá de la relativa discreción, son muchos los que han tomado nota de lo sucedido.
Entre quienes lo han hecho se encuentran las miles de firmas extranjeras que tienen operaciones en el país austral.
Aunque en principio se trata de un caso aislado, relacionado con el argumento de Buenos Aires sobre la necesidad de garantizar su autoeficiencia energética, es indudable que hay que tomar nota.
El precedente de Hugo Chávez en Venezuela, quien empezó tímidamente con su política de estatización y ahora usa con frecuencia el término “exprópiese”, hace pensar que es mejor no tomar las cosas a la ligera.
Si bien hay muchas diferencias entre ambos países, los observadores señalan que la administración de Cristina Fernández de Kirchner ha radicalizado su discurso en los últimos meses, presumiblemente por la creciente influencia que tiene sobre ella el ala más radical del peronismo.
Figuras como el viceministro de Economía, Axel Kicillof, tienen posturas dogmáticas, que rayan en la hostilidad con la actividad privada.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta las dificultades económicas que experimenta un país que tiene el tercer producto interno bruto más grande de América Latina.
A pesar del alza en los precios de las materias primas, el aumento en el gasto público ha sido de tal magnitud, que las cuentas fiscales muestran un preocupante faltante.
De cuánto es exactamente el déficit es difícil decir, pues pocos creen en las estadísticas oficiales. Un ejemplo típico es el de la inflación, que según el Ejecutivo es inferior al 10 por ciento anual, pero que, de acuerdo con otras mediciones, avanza a más del doble.
Dicho desbarajuste ha llevado a que los capitales estén abandonando Argentina, ante lo cual, los rumores de una devaluación abrupta suben. Con el fin de acumular divisas, la Casa Rosada adoptó una política de restricción a las importaciones que le ha caído muy mal a varias naciones, incluyendo a Colombia. Esta semana, el país elevó una queja por las trabas impuestas ante la Organización Mundial de Comercio.
La percepción de que la economía austral puede estar en problemas, aumenta los riesgos. El mensaje que acompaña la decisión tomada con respecto a YPF es que el régimen kirchnerista está dispuesto a ir lejos, así se arriesgue a sanciones tales como castigos de la Unión Europea, demandas en las cortes internacionales o su exclusión del Grupo de los 20.
Eventualmente, y tal como lo muestra la historia argentina, el desenlace puede ser dramático y llevar a cambios políticos abruptos, pero, mientras tanto, el clima de alarma está justificado.
Ante el giro de los acontecimientos no está de más preguntarse si la inversión extranjera, que llega a América Latina en cuantías sin precedentes, puede preferir otros destinos. Al respecto, quienes saben de estos temas reconocen que la imagen de la región sufrirá, pero que cada vez hay más conciencia de que no todas las naciones de la zona están en la misma canasta. Tanto México como Perú, Chile, Brasil o Colombia, han señalado que las expropiaciones no están en su agenda.
No obstante, siempre queda la duda de que el mal ejemplo cunda, sobre todo en aquellos países en donde hay una actitud ambivalente sobre el capital privado.
Dicho de otra forma, si aparte de la conocida actitud de Venezuela se deja claro que Argentina no va ir más allá de lo hecho, será posible limitar del daño. De lo contrario, los interrogantes que de tiempo en tiempo rodean a esta región, volverán para los inversionistas.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co