Malas señales

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República, no solo envía graves mensajes sobre la ruta de estabilidad fiscal sino también va camino a repetir los errores técnicos y políticos de años recientes. El monto total de 556,9 billones de pesos supera los anuncios previos de la cartera de las finanzas públicas- 551 billones de pesos- y representa un aumento de alrededor del nueve por ciento frente a lo aprobado este año.

Además, el PGN llega al Legislativo con un hueco de 26,3 billones de pesos que se financiarían con una nueva ‘ley de financiamiento’. Si bien es la misma apuesta fallida de la administración Petro de amarrar el presupuesto a una nueva reforma tributaria como el año pasado, la brecha de este año duplica, y más, los 12 billones de pesos del debate del 2024. Estos recursos son superiores al rango de entre 19,6 billones y 25,4 billones de pesos, inicialmente estimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

De hecho, el Gobierno Nacional modifica varios escenarios, esbozados en el MFMP, como un aumento del déficit primario de 0,6 por ciento del PIB, unos 38,6 billones de pesos. Esto no es gratuito ya que estos cambios generan inestabilidad en esos escenarios y proyecciones con los que el equipo económico busca tanto cumplir con las estimaciones para el 2026, como marcar una senda clara de regreso a la regla fiscal en los años subsiguientes. En otras palabras, pone un signo de interrogación en esa estrategia de retorno a la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.

El proyecto de Presupuesto, entonces, vuelve a depender de unos dineros ‘contigentes’ e inciertos y, lo más probable, es que la Casa de Nariño repita el chantaje del año pasado a los congresistas sobre la necesidad de subir impuestos para los programas e iniciativas sociales.

Lo cierto es que las cuentas del Gobierno reflejan un incremento de 11,1 por ciento en los gastos de funcionamiento, que el Ministerio de Hacienda señala a la inflexibilidad como responsable.

No obstante, la propuesta presupuestal de la administración Petro no se compadece de la grave crisis fiscal que atraviesa la Nación ni despliega mayores esfuerzos para recortar el gasto público y racionalizar la burocracia.

Es decir, las señales de austeridad y la intención de ‘apretarse’ el cinturón brillan por su ausencia mientras el Gobierno Nacional insiste en sacar de la economía, las empresas y los hogares los recursos para llenar sus bolsillos en un año de elecciones.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya advirtió que este proyecto no cuenta con un argumento válido para aumentar el nivel de gasto y que se desdibuja el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como hoja de ruta fiscal.

Más aún, el ‘hueco’ en las finanzas públicas ya se ha convertido en una inmensa tronera: se estima en un dos por ciento del PIB, más de 38 billones de pesos. Lo anterior se presenta poco tiempo después de haber ‘flexibilizado’ el mecanismo de la regla fiscal para poder incurrir en déficit fiscales de magnitudes históricas.

En conclusión, con un presupuesto que se incrementa en más de 4,5 puntos por encima de la inflación, que repite los errores del pasado con cálculos optimistas y supuestos inciertos, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de debatirlo con la mayor rigurosidad técnica y con la mira puesta en que Colombia retorne a una senda de sostenibilidad fiscal.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

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