Mensajes para los sordos

26.04.2012 03:57 Actualizado: 26.04.2012 03:57

A lo largo de los meses pasados ha subido de tono la discusión en torno al tema de las pensiones.

Tanto la promesa de que el Gobierno presentará un proyecto de ley en la próxima legislatura, como la recurrente aparición de escándalos que desnudan las debilidades de un sistema público que hace agua, dejan en la opinión pública la impresión de que vale la pena meterle el diente a un asunto complejo, pero, al mismo tiempo, fundamental para que Colombia sea un país más justo que ahora.

Y es que el esquema actual deja mucho que desear. La coexistencia del régimen de ahorro individual que administran los fondos de pensiones y el de prima media a cargo del Seguro Social -y próximamente de Colpensiones- ha tenido una evolución que no es deseable.

Si bien los primeros han crecido y manejan ya 110 billones de pesos en aportes obligatorios, 10 billones de contribuciones voluntarias y 8 billones en cesantías, tienen en la inmensa informalidad laboral a su principal enemigo.

Por su parte, el sistema público permanece a pesar de que ofrece beneficios insostenibles.

La prueba de ello es que los aportes del Presupuesto Nacional para cubrir el faltante ascenderán este año a unos 22 billones de pesos, que es más de lo que se destina a ramos como educación o defensa.

Y lo peor es que dicho esfuerzo favorece apenas a 1,3 millones de pensionados y en especial a los de más altos ingresos, que son los que reciben el 80 por ciento de los subsidios.

Puesto de otra manera, los impuestos que pagan todos los colombianos se destinan a un número relativamente pequeño de privilegiados, mientras 3,5 millones de personas de más de 65 años de edad no reciben estipendio alguno.

A este último grupo pertenecen los congresistas o los integrantes de la rama judicial, que se han beneficiado de sentencias de las altas cortes cuyos fallos son discutibles.

Ante esa situación, es necesaria una cirugía de fondo. El objetivo de la intervención debe concentrarse en cuatro grandes males como son la baja cobertura del sistema, falta de equidad, insostenibilidad y debilidad institucional. En el mundo ideal, la meta es que todos los colombianos que hoy entran a la fuerza laboral puedan aportar para tener una pensión y recibir una mesada cuando lleguen a la edad de retiro.

Dicha suma debe representar una proporción razonable de lo devengado por el trabajador en sus últimos años como empleado. En caso de que la Nación tenga que cubrir faltantes, estos deben dirigirse exclusivamente a los más pobres.

El problema es que llegar allá significa desmontar una serie de prebendas, incluyendo las que tienen los propios parlamentarios.

Por tal motivo, no va a ser fácil sacar adelante las propuestas que se hagan, con lo cual el riesgo es que se acumule una cuenta que deberá ser asumida por las próximas generaciones.

Si la economía colombiana aumenta de tamaño, puede ser que exista la capacidad fiscal para pagarla, pero si eventualmente llega una época de vacas flacas serán imperativos los recortes, tal como ha sucedido en Grecia o España.

Al tiempo que se enfrenta semejante reto, también existe el desafío de aprovechar el ahorro que han acumulado las administradoras de fondos de pensiones. En repetidas ocasiones, los voceros de la actividad han señalado que tienen capacidad suficiente para financiar el descomunal esfuerzo en infraestructura que requiere el país, pero que el cuello de botella es el mismo: la falta de proyectos que estén bien estructurados.

En contraste, Chile o Perú han conseguido dar un salto importante en esta materia, porque han sabido canalizar en forma adecuada los dineros existentes.

Lo anterior deja en claro que hay muchos cabos sueltos en un tema que es clave para la estabilidad económica y social del país.

El Congreso de Asofondos, que hoy inicia labores en Cartagena, va a ser un buen escenario para reiterar mensajes que Colombia necesita escuchar, así algunos sordos no quieran oírlos.