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El viernes pasado, a eso de las 10 de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos fue el anfitrión de una cumbre empresarial y gremial en la cual el mandatario habló extensamente sobre los programas que tiene en marcha su Gobierno para que Colombia aproveche plenamente las oportunidades que otorga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, y a pocos kilómetros de la Casa de Nariño, tenía lugar otra reunión en la que el tema central fue la necesidad de que el país piense en una nueva política industrial, precisamente a raíz del auge en las exportaciones de productos básicos y las puertas que han abierto los pactos bilaterales con diversas naciones.

Aunque era imposible fundir los eventos mencionados en uno solo, habría sido ideal que los asistentes a las respectivas citas hubieran tenido el don de la ubicuidad para estar en dos partes a la vez. La razón es que, más allá de que hay una senda trazada en lo que hace al modelo económico, vale la pena que en el país exista más debate sobre lo que se debe hacer ahora, cuando el viento sopla en la dirección correcta. Esa reflexión debe incluir a varios sectores, pero uno de los que no puede faltar es el manufacturero.

El motivo de que eso sea así, es claro. De un lado, los TLC que han sido ratificados y los que vienen en camino, le van a dar un mayor acceso a otros mercados a los bienes elaborados en Colombia. Del otro, es previsible una mayor competencia de artículos importados, algo que seguramente beneficiará a los consumidores, pero que les pondrá presión a las fábricas locales que tienen que actualizarse.

En medio de esa situación, el país ha experimentado un inquietante proceso de desindustrialización. De acuerdo con estimativos de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, el peso de esta dentro del Producto Interno Bruto ha pasado del 21 al 14 por ciento, en lo que va del presente siglo. Si bien Fedesarrollo considera que algo parecido ha tenido lugar en otras partes de América Latina, vale la pena analizar si es posible revertir esa tendencia, con el de fin de ampliar las fuentes de crecimiento y empleo.

Dicho análisis es interesante, porque quienes lo impulsan aceptan que la adopción de una política manufacturera ya no pasa por los instrumentos del pasado, cuando lo usual era proteger sectores específicos mediante el uso de barreras arancelarias o prácticas restrictivas al comercio. Ahora, en cambio, la propuesta consiste en la utilización de un conjunto más amplio de herramientas que incluyen no pocas dosis de coordinación y sentido común. Más atractivo todavía es que la riqueza petrolera y minera es vista como un activo que, bien usado, permitirá la expansión de otras ramas de la economía.

Aunque la lista de recomendaciones hecha por la Coalición es muy extensa y a veces exagera en el nivel de detalle, no estaría de más que fuera estudiada juiciosamente al interior del Ejecutivo. Dentro de estas se encuentran temas de marco normativo; de política comercial; de oportunidades regionales; de desarrollo del mercado interno y las áreas de frontera; de medidas aduaneras; de mejora en la educación e impulso a la innovación; de propiedad intelectual y normas de calidad; de seguridad humana y farmacéutica; de financiación y política tributaria; de manejo cambiario; de compras estatales; de apoyo al producto colombiano; de infraestructura y logística, y de impulso a la formalización empresarial y laboral.

En cada uno de esos acápites seguramente habrá opiniones divergentes sobre lo que se debe y lo que se puede hacer. Pero más allá de la decisión que se tome, es indudable que se trata de un aporte valioso para un Gobierno que necesita más estrategias específicas y menos lugares comunes, a la hora de convertir las oportunidades actuales en realidades concretas. Y que tiene que pensar más en la industria y el sector productivo.
RICARDO ÁVILA PINTO
ricavi@portafolio.co