La meta esquiva

Con la excepción de muy pocas personas, nadie esperaba en el país el descorazonador dato sobre el comportamiento de la producción petrolera en Colombia al comenzar el año.

Según lo informó ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el bombeo de crudo descendió a 896.000 barriles diarios, 45.000 menos que en enero. De tal manera, en lugar de avanzar hacia la meta simbólica del millón de barriles diarios, que ha sido descrita como inminente en más de una oportunidad, ahora resulta que el nivel alcanzado se encuentra más lejos de esa cifra.
¿Es lo sucedido motivo de preocupación? Sin duda.

Al fin de cuentas el sector petrolero genera más de la mitad de las exportaciones y es fundamental para los ingresos fiscales de la Nación, al igual que de múltiples regiones y municipios.

Por ello, una disminución tan significativa impacta a la propia economía colombiana.
En respuesta, los conocedores señalan que el potencial productivo sigue al alza. Dicho de otra forma, a pesar de que el volumen de reservas recuperables de crudo es bajo frente al de otros países, el problema no consiste en que algunos yacimientos importantes se estén agotando.
De hecho, una de las causas de lo sucedido es de origen administrativo.

Y es que a pesar de los cambios institucionales que llevaron a la creación de una unidad especializada, sigue existiendo un inmenso cuello de botella a la hora de expedir licencias ambientales, pues hay solicitudes que llevan más de un año en estudio. Según cálculos de la industria, esa situación ha pospuesto la extracción de más de 117.000 barriles diarios que siguen a la espera de un permiso.
Sin embargo, el factor más inquietante es el de la seguridad. En el caso concreto de febrero, el descenso fue ocasionado por la voladura del oleoducto Caño Limón - Coveñas, que no pudo operar por más de un mes.

Como consecuencia de los ataques al tubo, en vez de 80.000 barriles diarios, la zona de Cravo Norte sólo logró despachar unos 7.500 durante buena parte del primer bimestre.
El tema es grave, porque lo ocurrido confirma que el terrorismo se ha convertido en un dolor de cabeza mayúsculo para la actividad petrolera. Los datos oficiales revelan que en el 2011 los secuestros entre las compañías que participan en dicha industria aumentaron 377 por ciento (de 9 a 43) frente al año precedente, y que seis personas siguen en cautiverio.

Además, los atentados a los oleoductos pasaron de 31 a 84 y el derribamiento de torres de energía (que hace en ocasiones imposible el bombeo) saltó de 39 a 73, en el mismo lapso.

Debido a esa circunstancia, lo que los técnicos llaman la producción diferida –es decir la que no se pudo volver realidad– ascendió a 2,5 millones de barriles, que al precio de la variedad Brent equivaldrían hoy a unos 300 millones de dólares.
A lo anterior hay que agregarle un sinnúmero de incidentes como hostigamientos a instalaciones militares que dan protección a las empresas del ramo, al igual que atentados a construcciones civiles. La lista incluye también petardos, quema de infraestructura física y de camiones. La situación ha llegado a tal extremo que en más de un caso se ha suspendido la producción, algo que no ocurría desde hacía un buen tiempo.
Tales elementos son un campanazo de alerta que debe ser tomado muy en serio. Y es que aparte del impacto económico sobre la que es todavía la locomotora más veloz de las que conforman la política de la prosperidad democrática, existe la preocupación de que el capital extranjero que ha llegado a Colombia sienta que las condiciones objetivas del país han empeorado.

Por tal motivo, el tema central no es llegar a la esquiva meta del millón de barriles, sino garantizar que la actividad tenga las condiciones necesarias para operar y expandirse. Y eso, por lo visto, se ha vuelto un desafío mayúsculo para el Estado colombiano.