El mínimo vuelve y juega

Una de las tradiciones típicas de diciembre en Colombia, junto a las novenas y las luces navideñas, es la discusión en torno al nuevo nivel del salario mínimo.

Así quedó refrendado ayer, luego de que otra vez se volviera a reunir la comisión tripartita que incluye a representantes de sindicatos, empresarios y Gobierno. En sus primeras declaraciones, los convocados expresaron su esperanza de que se pudiera llegar a un consenso, como sucedió el año pasado.

No obstante, es difícil que en esta ocasión vuelva a verse el humo blanco.

A pesar de que el desempleo en octubre llegó al 8,9 por ciento –la tasa más baja en lo que va del siglo– las quejas del sector laboral van en aumento. En el 2012, han sido notorias las protestas en contra del Gobierno alrededor de diferentes temas, incluyendo la propuesta que hay en la reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso, de desmontar los llamados impuestos a la nómina que nutren al Bienestar Familiar y el Sena, y que serían reemplazados por el CREE, un nuevo gravamen a las utilidades.

Por otro lado, han subido de tono las quejas provenientes de algunas actividades que enfrentan fuertes vientos en contra. Tal vez el caso más agudo es el de la industria, que registra una desaceleración notable debido a la competencia externa y la apreciación del peso. Ante el imperativo de sobrevivir en un escenario de globalización y crisis internacional, el asunto de los costos laborales se torna crucial, por lo que puede haber menos voluntad de ceder en lo que hace al mínimo, que es un parámetro que se usa en las negociaciones de pliegos y convenios.

Tal como es costumbre, trabajadores y sector privado llegaron esta vez con posiciones divergentes con respecto al tema.

Mientras los primeros insistieron en que el reajuste debería ser sustancial para impulsar el ingreso disponible de millones de colombianos y aumentar el poder de compra de la población, el segundo recordó que el parámetro válido es el aumento en la productividad más la inflación causada en el 2012, así ningún bando haya destapado realmente sus cartas aún

Semejantes valores fueron del 0,7 y del 3 por ciento, respectivamente, con lo cual el incremento ascendería a menos del 4 por ciento bajo esa fórmula.

En dinero contante y sonante, eso daría casi 588.000 pesos mensuales a partir del próximo primero de enero.

Como queda claro, la distancia entre la postura de unos y otros es grande, con lo cual lo más probable es que sea el Ejecutivo el que deba cortar el nudo gordiano a través de un decreto. Una determinación de ese tenor es la más usual, pues llegar a un consenso en el seno de la comisión tripartita es algo excepcional que ha ocurrido tan solo un par de veces en los últimos 10 años.

Pero mientras se zanja la polémica, algunos académicos aprovechan la oportunidad para recordar que el análisis amerita otros elementos. Uno de ellos es el propio nivel del mínimo, que no solo es elevado si se compara con el de otras naciones latinoamericanas, sino que ha incidido en que los costos laborales en el país sean altos, lo cual le resta competitividad a ciertas actividades.

Adicionalmente, se insiste en que este es un factor que incide sobre los altos índices de informalidad y, por supuesto, de desempleo.

En consecuencia, y ante la imposibilidad de recortar dicha remuneración tanto por motivos políticos, como probablemente legales, dados los pronunciamientos de la Corte Constitucional, regresan las opiniones de quienes dicen que es aconsejable un mínimo diferencial, que incorpore criterios regionales o que distinga entre el campo y la ciudad.

Sin embargo, aun así el asunto es complicado.

Más todavía para un Gobierno que aspira a que no empeore el clima laboral, y que probablemente en la decisión que tome al final de diciembre se aleje un poco de lo que dicen los empresarios y las fórmulas técnicas, sobrepasando así el límite de los 590.000 pesos mensuales.