Mirar al mediano plazo

Entre todos los documentos que produce el Gobierno, es muy posible que este tenga uno de los más bajos índices de lectura debido a su temática. Sin embargo, pocos trabajos dan una visión tan completa como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que por ley le tiene que presentar el Ejecutivo al Congreso una vez al año y que fue radicado el viernes en el Capitolio. La razón es que no existe una radiografía tan completa de las cuentas estatales, con una proyección que va más allá de la mera coyuntura.

A primera vista, el diagnóstico es favorable. En los últimos tiempos el saldo en rojo en las cifras estatales ha venido disminuyendo a pasos acelerados. De hecho, en el 2012 se logró un superávit que, como proporción del Producto Interno Bruto, es el más alto en casi medio siglo. Mientras un buen número de países europeos o Estados Unidos se enfrentan a la obligación de poner su casa en orden ante los abultados faltantes que enfrentan, Colombia puede entregar un parte de tranquilidad.

Lo sucedido es la mezcla de dos factores. De un lado, los ingresos han venido aumentando a un ritmo acelerado, tanto por los mayores recaudos de impuestos al igual que por el buen comportamiento de otras rentas, como los dividendos que Ecopetrol le paga a la nación. Del otro, los gastos han crecido por debajo de lo presupuestado ante las dificultades que han tenido tanto el Gobierno Central, así como los departamentales y municipales, a la hora de ejecutar los dineros asignados. El caso más notorio fue el de las regalías, que sufrieron retrasos por cuenta del sistema que entró en vigor hace algo más de un año, con lo cual se quedaron en caja más de 6 billones de pesos.

En el 2013, la situación debería normalizarse, y ello explica por qué va a generarse de nuevo un déficit en el sector público no financiero. Sin embargo, este es manejable y en un escenario más amplio debería reducirse de manera paulatina, si los escenarios planteados por el Ministerio de Hacienda se cumplen. Bajo tal perspectiva, en el 2024 las cuentas deberían estar sólidamente en negro, lo cual permitiría, además, que el saldo de la deuda pública se reduzca sustancialmente a cerca de una cuarta parte del nivel actual, como proporción del PIB.

Recibido el parte de calma, vale la pena preguntarse si los pronósticos son factibles. En el corto plazo, es indudable que sí, pues no se prevén sobresaltos en el horizonte, por lo menos hasta el próximo año. Falta, es verdad, tener incorporado en la ecuación el efecto definitivo de la reforma tributaria de diciembre pasado, que sigue en etapa de reglamentación, pero el equipo económico no se muestra preocupado sobre un faltante inesperado.

Los verdaderos interrogantes comienzan a partir de mediados de la década actual. Para comenzar, es evidente que los ingresos estatales dependen en una proporción importante de la marcha de la locomotora minero-energética. Si los precios del petróleo o el carbón descienden de manera abrupta o si la producción de crudo se estanca, pueden aparecer faltantes cuantiosos.

Dicha ralentización está prevista en parte. El documento en cuestión plantea que a partir del 2018 el dinero que llegará a las arcas del Estado será relativamente menor, lo cual tendrá que ser compensado con gastos proporcionalmente más bajos sin que eso implique necesariamente sacrificar partidas como las de funcionamiento o inversión, pues las economías se darían en el servicio de la deuda.

No obstante, la evolución de los últimos años lleva a pensar que eso no va a suceder. Y esto sin tener en cuenta el costo que tendría la conclusión exitosa de la negociación con las Farc, que implica compromisos adicionales. Por eso es mejor empezar a pensar desde ya, de dónde van a salir los fondos para compensar el fin de la bonanza minera y financiar la paz, para así no encontrarse con sorpresas a la vuelta de la esquina.