Moñona legislativa

 

Con la aprobación en la tarde de ayer del proyecto que establece la creación de la regla fiscal, queda claro que la legislatura que termina se inscribirá en la historia del Congreso de la República como una de las más prolíficas, no sólo en cuanto a la cantidad, sino a la calidad de las leyes aprobadas.

Como lo ha reconocido el propio Gobierno, los parlamentarios enriquecieron y ajustaron los textos propuestos, como sucedió, entre otros casos, con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Esta, por cierto, es una norma trascendental que busca cerrar las heridas de una guerra extensa y cruel. Pero habrá que esperar a que pase el tiempo para su efectiva aplicación dado el elevado costo fiscal que tiene, pues hay cálculos que hablan de cerca de cuatro billones de pesos anuales durante la próxima década.

Dos leyes del campo económico se destacan en la legislatura, aparte de la mencionada al comienzo: la reforma al régimen de regalías y la de sostenibilidad fiscal. La primera busca una repartición más equitativa de los enormes recursos que se derivan de la explotación petrolera y minera.

A pesar de la protesta de las regiones productoras, que concentraban el grueso de la asignación de esos dineros, muchas veces con indebida destinación hacia elefantes blancos o abiertos casos de corrupción, la verdad es que el nuevo esquemano no sólo es más justo con el conjunto del país, sino que contiene medidas para un mayor control de los giros.

Por su parte, la ley de sostenibilidad fiscal es un paso adelante en la búsqueda de evitar que el manejo de las finanzas públicas se salga de madre, aunque los especialistas debaten si el texto aprobado tiene tantos ‘dientes’ como dice el Gobierno.

Más importante, sin duda, es la regla fiscal, que establece la necesidad de ahorrar una parte importante de la bonanza de los recursos naturales, con el fin de responder a episodios de volatilidad en los precios y guardar algo para las futuras generaciones.

Otra disposición que puede ayudar mucho a cortar el desangre de fondos es el estatuto anticorrupción, que aprovecha las experiencias vividas para establecer normas muy estrictas, tanto a contratistas como a funcionarios, en el manejo de los recursos de los colombianos.

El Ejecutivo consiguió también que el Congreso le otorgara facultades para la creación de tres nuevos ministerios (Justicia, Trabajo y Medio Ambiente) que hace ocho años habían sido fusionados con el de Interior, Salud y Vivienda, en un esfuerzo por reducir burocracia y gastos.

A la larga, el ahorro fue insignificante y, en cambio, las falencias institucionales se hicieron notar. Ojalá este cambio, que incluye poderes al Gobierno para transformar decenas de entidades en crisis, sirva a sus propósitos y no termine creando más burocracia ineficiente.

Una ley que hay que elogiar por su prudencia, y no por sus grandes alcances, es la de Ordenamiento Territorial.

A pesar de la insistencia de algunos líderes departamentales, en especial en la Costa Atlántica, porque se abriera la posibilidad a la creación de entes autónomos, Gobierno y legisladores le apostaron a un articulado razonable. Haber cedido a esas presiones habría significado más politiquería, en vez de un manejo más eficiente de las administraciones regionales.

Hecho ese breve recuento, hay dos cosas que debe tener en claro el Gobierno tras la exitosa legislatura.

La primera, que de la reglamentación y desarrollo de las normas dependerá su alcance, pues, por ahora, son apenas letra escrita en un papel. Y la segunda, que el periodo que arranca el próximo 20 de julio será mucho más complejo, ya que es de esperar que la presión congresional de una coalición tan amplia como lo es la de la Unidad Nacional pasará factura burocrática y, como necesariamente habrá muchos descontentos, esa insatisfacción se hará sentir en las cámaras.