El mundo del absurdo

Tras años de ineficiencia, descrédito, acusaciones de venalidad e incapacidad para combatir con efectividad el delito, debería ser difícil sorprenderse con ciertos fallos de la Justicia. Pero, aun así, es imposible contener el sentimiento de repulsión que genera la condena contra Andrés Camargo, el director del Instituto de Desarrollo Urbano en la administración de Enrique Peñalosa, quien hace pocos días vio su suerte echada después de que la Corte Suprema decidiera no revisar el caso que en su momento definió el Tribunal Superior de Bogotá.

Tal como están las cosas, el exfuncionario se apresta a ingresar a una cárcel para cumplir una condena de 60 meses de prisión, además de ser solidario en el pago de una sanción que asciende a 108.622 millones de pesos junto a otros dos particulares vinculados a la misma entidad. La causa, como es conocido, es el deterioro de las losas que se hicieron para que transitaran los buses de TransMilenio por la troncal de la Autopista Norte en la capital de la República, a finales del siglo pasado.

No vale la pena entrar en los argumentos técnicos que en su momento se expusieron. Simplemente, hay que recordar que Camargo no tuvo que ver en la escogencia directa de los diseños o materiales que habrían de causar el problema.

Tampoco hay aquí un caso de corrupción. Los implicados no fueron acusados de enriquecerse o de malversar los fondos públicos, sencillamente porque eso no sucedió. Para repetir lo que han dicho innumerables comentaristas, nadie se robó un peso.

Aun así, la tesis implícita es que no es necesario que exista un ilícito para que un error en el desarrollo de un contrato se convierta en delito. Y no en uno menor, sino uno que implique la privación de la libertad, asimilando lo ocurrido a las conductas de reconocidos criminales.

Pero la lista de exabruptos no termina ahí. En un país en el que los peores delincuentes reciben el beneficio de la detención domiciliaria, el exdirector del IDU no tiene posibilidad de tenerla, pues el dictamen judicial asegura que “sus antecedentes sociales y laborales (…) evidencian riesgo para la comunidad”. En comparación, alias ‘Corsa’ y alias ‘El loco’, dos integrantes de ‘La Empresa’, la banda que viene asolando Buenaventura y que es sindicada de administrar las ‘casas de pique’ en las que se han desmembrado a varias personas en el puerto, se encuentran en su residencia dados sus respectivos ‘arraigos familiares’.

Si el asunto no fuera tan grave, también sería de risa el cálculo de los perjuicios monetarios. Acogiendo el concepto del apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano se determinó que el valor presente de arreglar cada losa asciende a 11 millones de pesos. Pero en la cuenta no solo se habla de las 3.651 que ya debieron ser reparadas, sino de las 6.244 que se deberían dañar hasta el 2021 por cuenta de un cuestionable ejercicio de futurología que no tiene en cuenta la falta de mantenimiento o que la troncal tiene hoy un uso muy superior al que se había planeado originalmente.

Todo lo anterior, a lo que se agregan los pronunciamientos de los jueces en el sentido de que es indiferente la causa del daño o es inocuo que haya provecho ilícito, deja una pésima sensación de injusticia. Más aún cuando se ha establecido que la administración que impulsó la demanda penal fue la de Samuel Moreno y que el abogado litigante tendría derecho, aparte de sus honorarios, al 5 por ciento de lo que se obtenga como compensación.

En consecuencia, solo queda hacer votos para que Andrés Camargo encuentre recursos jurídicos adicionales que le permitan dejar atrás esta pesadilla. Mientras tanto, hay que abrir más los ojos y exigirle a la Justicia, comenzando por los altos tribunales, que haga bien su trabajo, para que en Colombia no siga esa perversa historia en la cual los justos acaban pagando por los pecadores.