Una ola está pendiente

Para la mayoría del público lector, la frase “la tercera ola” corresponde al título de un libro escrito por el sociólogo estadounidense Alvin Toffler, en 1979. Pero para quienes siguen de cerca los temas relacionados con la infraestructura en Colombia, se trata de otra cosa.

Y es que el mismo calificativo se le da a la última fase del programa de concesiones de vías de cuarta generación (4G). El plan general comprende 30 iniciativas que involucra inversiones por algo menos de 40 billones, que se sube a cerca de 50 si se incluyen las Asociaciones Público Privadas, que están en espera de recibir la luz verde. Como es sabido, las dos primeras etapas ya están definidas o comenzarán su proceso licitatorio en las semanas que vienen.

Lo que ha hecho posible el despegue de la estrategia, además del trabajo técnico desde el punto de vista de la ingeniería y de los documentos legales, es el visto bueno del Ministerio de Hacienda a la hora de asumir compromisos. En concreto, se han aceptado obligaciones con cargo a vigencias futuras, que cuestan mucho.

Las sumas no son de orden menor. En el caso de los diez trayectos iniciales, los compromisos asumidos ascienden a 27,6 billones de pesos entre los años 2015 y 2040. El monto podría haber sido aún más grande, pero en las ofertas en firme se han podido ahorrar 3,4 billones frente a los cálculos originales.

Por su parte, los diez tramos siguientes, que serán otorgados antes de finalizar el próximo semestre, tienen presupuestadas vigencias futuras por casi 32 billones de pesos. Si pasa lo mismo que en los contratos ya firmados, el valor de los giros puede ser menor, pero eso solo se sabrá el año que viene.

Aunque la cuenta por pagar le corresponderá en una mínima parte al presente Gobierno, porque los emprendimientos estarán plenamente terminados entre el 2020 y el 2023, hay límites que no se pueden sobrepasar. En términos especializados, esto se conoce como el espacio fiscal, que es el que permite tener margen de maniobra para gastar.

Dicen quienes saben, que el campo disponible se ha estrechado mucho. El cupo fijado para este tipo de respaldo asciende en el largo plazo al 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto y está casi lleno con lo que hay. Además, el cambio en el escenario de los precios del petróleo ha abierto un serio interrogante sobre la estabilidad de las finanzas públicas, lo que se suma a unas reservas de crudo que, si no hay más hallazgos, se acabarían en el 2021.

Por cuenta de las restricciones descritas, la viabilidad de la tercera ola de las 4G podría estar en entredicho. La discusión técnica dentro del Gobierno no ha tenido lugar, pero un cuadro presentado por el Ministro de Hacienda en el Congreso de Infraestructura de la semana pasada es elocuente.

No obstante, hay consideraciones políticas que no son despreciables. El tema de fondo es que dentro de la última parte se encuentran carreteras que tienen una enorme importancia, en términos de equilibrio regional.

Puesto de otra manera, mientras en la fase uno y la dos, las carreteras que serán desarrolladas están primordialmente en el centro y el occidente del territorio nacional, en la última hay mayor concentración en el oriente. Por ejemplo, el relativo aislamiento de Cúcuta quedaría superado al mejorar radicalmente sus conexiones con Ocaña, Pamplona o Bucaramanga.

Ese factor hace imperativa la búsqueda de fórmulas alternativas para completar el programa de las 4G, así el espacio fiscal sea poco. Dentro de las opciones que hay, es ‘graduar’ a la categoría de Asociaciones Público Privadas algunos de los tramos, para minimizar la necesidad de fondos estatales. Otra es mirar qué se puede privatizar para generar otras fuentes de recursos. Sea como sea, el debate debe comenzar pronto para que el asunto de la tercera ola no se convierta en una oleada de desilusiones.