Incluso en un país en el cual los absurdos parecen no tener límite, es imposible no sorprenderse ante la comprobación de que hemos venido actuando casi a ciegas en lo que hace al campo colombiano, desde hace algo menos de medio siglo. Esa es la primera conclusión que surge tras conocerse el informe de avance de resultados del Censo Nacional Agropecuario, que nació de un juicioso trabajo adelantado por el Dane durante algo más de un año.
Y es que los resultados desvirtúan incluso algunas de las cifras más básicas con las que venían trabajando tanto el sector público como gremios y académicos. Por ejemplo, la creencia generalizada hasta la presente semana era que el número de hectáreas cultivadas era cercano a los cinco millones. Ahora sabemos que hay 7,1 millones de hectáreas cultivadas, lo cual deja en claro que el desfase en los cálculos ascendía al 40 por ciento.
Semejante revelación es apenas una de muchas, nacida de largas horas de dedicación y cientos de miles de kilómetros recorridos en carro, moto, caballo, canoa o a pie. Gracias a la labor de 25.000 encuestadores, se visitaron las áreas rurales de los 1.101 municipios del país, ubicados en 32 departamentos. De manera complementaria, se hizo presencia en 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques naturales nacionales. Solamente cuando se elabora el censo de población –el más reciente es el de 2005–, la envergadura del esfuerzo es similar.
Pero más allá de esa gesta, lo importante son los datos. Estos llenan un vacío que existía desde 1970, cuando la realidad nacional era muy distinta. Ahora será posible diseñar estrategias sobre bases ciertas y adelantar acciones con el fin de buscar una mejoría en un sector que es clave para la economía, pero cuyo balance no es, en absoluto, alentador.
Colombia cuenta con unos 113 millones de hectáreas, de las cuales algo más de la mitad corresponde a bosques naturales. Un 41 por ciento adicional tiene uso agropecuario, concentrado especialmente en la ganadería, pues cuatro quintas partes se dedica a pastos. El saldo está sembrado especialmente de cultivos de tipo permanente, que ahora representan el 75 por ciento del total, cuando en 1960 escasamente llegaban al 44 por ciento.
Sin embargo, más allá de ver que el país tiene un inmenso potencial en materia agrícola que no ha llenado todavía, el parte más preocupante del censo tiene que ver con la estructura de propiedad de la tierra. Según el informe, el 70 por ciento de los 3,9 millones de predios identificados tienen menos de cinco hectáreas, que equivalen a menos del 5 por ciento del área mencionada arriba. Peor aún, es que ese porcentaje supera en diez puntos al de 1970.
En otras palabras, el campesino promedio tiene menos tierra ahora que antes, quizás porque las parcelas han sido subdividas. Ese puede ser un factor para entender por qué el uso de maquinaria es tan bajo, apenas del 17 por ciento. Queda claro que las herramientas primordiales, en pleno siglo XXI, son todavía, de forma mayoritaria, el machete y el azadón.
De esa primera caracterización salen otros mensajes, como la baja presentación de solicitudes de crédito o la poca asistencia técnica recibida. En uno de cada dos predios de menor tamaño, lo que se produce se dedica, sobre todo, al autoconsumo.
La instantánea permite entender varios fenómenos, como las elevadas tasas de pobreza, que a pesar de disminuir, aún duplican el promedio nacional. Asimismo, se explica el envejecimiento de la población, pues ante la falta de oportunidades, los jóvenes prefieren las ciudades.
El mensaje, en último término, es que en materia rural está casi todo por hacer. Aparte de que la tierra está mal repartida, las posibilidades de progreso también. Y si el país no se aboca a hacer la tarea, será imposible cerrar una brecha que sigue siendo inmensa e injustificable.
Ricardo Ávila Pinto
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@ravilapinto