Un oscuro panorama

26.06.2013 01:15 Actualizado: 26.06.2013 01:15

Dos hechos recientes, uno político y otro disciplinario, amenazan hoy la permanencia de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

Se trata tanto de la iniciativa de revocatoria del mandato, certificada por la Registraduría y en apelación, como de la apertura de un pliego de cargos de la Procuraduría por la crisis de las basuras. Ambos procesos golpean al burgomaestre y desatan una sensación de incertidumbre en una ciudad ya de por sí pesimista.

Aunque la administración distrital busque poner ambos temas en un mismo saco ideológico, lo cierto es que su génesis y respectivos desarrollos han sido muy diferentes.

Mientras la primera es la expresión de un mecanismo de participación ciudadana, la segunda es producto directo de decisiones ejecutivas de Petro.

La iniciativa para remover al Alcalde fue promovida por el representante de la U, Miguel Gómez, en contravía de analistas y colectividades políticas. A pesar de ello, cumplió con las etapas de recolección de firmas y revisión de las mismas por la autoridad electoral.

Ante las declaraciones hechas en el sentido de asumir la contienda, el mandatario protagonizará un fenómeno inédito en la capital: una campaña de revocatoria.

Se calcula que en noviembre los bogotanos serían convocados a las urnas, lo cual requeriría de una participación mínima de 1,2 millones de ciudadanos para hacer válida la decisión, lo cual pone en duda sus probabilidades de éxito, sobre todo, dados los altos niveles de abstención que han sido tradicionales.

Por otro lado, el pliego de cargos de la Procuraduría cobija determinaciones de finales del año pasado cuando el Distrito asumió la recolección de desechos en la ciudad y expidió un decreto con el nuevo esquema para la prestación de ese servicio.

A la gravedad de ambos procesos, se suman las posturas que el Alcalde bogotano y sus seguidores han venido asumiendo. Para el Palacio Liévano hay una persecución ideológica de la derecha. Como si fuera poco, el mandatario capitalino une su destino político al proceso de paz y a la voluntad del Establecimiento colombiano de aceptar gobiernos de izquierda.

Las dos narrativas son tanto peligrosas como irresponsables. Si bien la iniciativa de revocatoria surge de un político uribista, esta es respaldada por más de 350.000 firmas.

Además, ha cumplido hasta ahora con todos los requisitos de ley y constituye un instrumento de expresión popular cobijado por la Carta de 1991. Es incoherente que alguien, quien dice ser un defensor de la Constitución, pretenda minar su espíritu ahora que uno de sus mecanismos no le conviene.

En cuanto a las basuras, la Procuraduría no es el único ente de vigilancia y control que ha alertado sobre posibles irregularidades en el manejo de esa crisis.

Superintendencia de Servicios Públicos, Contraloría Distrital y Veeduría de Bogotá, entre otros, se pronunciaron antes, durante y después del famoso ‘Día D’ sobre problemas jurídicos, técnicos y sanitarios que el Distrito enfrentaba.

Frente al proceso de paz, la conexión se cae de su peso. Líderes de izquierda han gobernado al Distrito por una década y la misma Registraduría, que hoy es víctima de los ataques de Petro, fue la que certificó esas elecciones.

Más que contribuir al diálogo en La Habana, la postura del Alcalde lo perjudica y enrarece.

Pero lo más grave de todo le concierne a Bogotá. Sumidos en el pesimismo, los capitalinos presenciarán meses de pujas políticas, ataques personales y propaganda oficial que aumentarán la desconfianza en el rumbo de la urbe. Si antes Petro tuvo dificultades para convencer a sus gobernados de su visión de ciudad, ahora mucho menos que estará a la defensiva.

Las decisiones sobre movilidad, seguridad y otras urgencias serán sustituidas por debates ideológicos y señalamientos de persecución. Lo que le faltaba a una capital golpeada y desesperada.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto