Del papel al terreno

No deja de ser irónico que el mismo día en el cual varias carreteras se encontraban bloqueadas por manifestantes que impulsan el paro que empezó el pasado lunes, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) adoptó una serie de decisiones tendientes a que el país dé un salto en su infraestructura vial. Estas se reflejan en el programa de cuarta generación de concesiones, más conocido como 4G, y que contempla inversiones por 47 billones de pesos a ser realizadas en ocho años, pero concentradas entre el 2015 y el 2019.

Según las cuentas gubernamentales, las nuevas ejecutorias permitirán la generación de 450.000 empleos adicionales, cuando se suman las plazas requeridas para hacer las obras y los efectos colaterales de las mismas. El efecto promedio sobre el Producto Interno Bruto, ascendería a un punto y medio porcentual adicional en los años citados.

En términos generales, se trata de intervenir unos 8.000 kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país, mediante la construcción de dobles calzadas, anillos viales, variantes, túneles y puentes. En ciertos casos se harán trayectos nuevos, mientras que en otros se mejorarán los existentes, aparte de rehabilitar los tramos en mal estado. De manera global, se pretende cumplir estándares de calidad más altos, así como reformar los procedimientos para evitar los errores del pasado, que han salido tan costosos.

Para cumplir los objetivos descritos, se adoptaron varios lineamientos. El primero es mejorar la estructuración, con elementos que incluyen ingeniería de detalle y avances en materia de licencias y compras de predios. El segundo tiene que ver con procesos de selección que promuevan la participación de contratistas y la transparencia. Un tercero hace relación a la gestión contractual enfocada a resultados, mientras que el último se refiere a la adecuada distribución de riesgos, con el fin de evitar sorpresas desagradables al cabo del tiempo.

Los proyectos que fueron aprobados por el Conpes son conocidos y algunos de ellos se vienen desarrollando desde hace rato. Al respecto, no faltará quien diga que lo hecho el martes 20 es un ‘refrito’ de iniciativas anunciadas, pero la verdad es que en este caso se trata de reformular la política que se venía ensayando con el fin de incorporar, entre otros, los instrumentos que otorga la ley que le dio vida a las Asociaciones Público Privadas o parte de las recomendaciones que la Misión de Infraestructura entregó a finales del 2012. Aparte de lo anterior, es necesario usar el mecanismo de las vigencias presupuestales futuras, dado el carácter multianual del ambicioso programa.

En un país que lleva décadas escuchando promesas sobre lo que piensa hacer tal o cual administración, el plan actual puede generar una dosis de escepticismo. No obstante, el esfuerzo que se ha hecho para poner la casa en orden e identificar con precisión las iniciativas no tiene antecedentes. Aun así, los funcionarios que participaron en su diseño deben tener claro que solamente con el avance de los trabajos y la entrega gradual de resultados será posible vencer la incredulidad de siempre.

Y cuando eso ocurra, el cambio en el país será descomunal. El Gobierno afirma que la reducción de costos de operación vehicular oscilará entre 15 y 30 por ciento, que es una proporción considerable. De la misma manera, los tiempos de viaje caerían casi a la mitad entre Medellín y Cali, o en cerca de 27 por ciento entre Bogotá y Buenaventura.

Todo depende, por supuesto, de poner en práctica lo dicho por el Conpes, algo que requerirá de mucha coordinación institucional. La primera expresión práctica de esa meta se debería ver en cuatro ‘victorias tempranas’, nombre que reciben igual número de proyectos que empezarán a ser ejecutados en pocos meses, pero habrá que seguir con el acelerador a fondo para que lo dicho en el papel se refleje, literalmente hablando, en el terreno.