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Con el pecado y sin el género

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Al cabo de escasos dos meses y medio en el cargo de Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro ha generado tantas polémicas por su estilo de Gobierno, que a veces es fácil perderle la pista a ciertos temas clave que determinarán no sólo el futuro de su administración, sino la propia calidad de vida de los habitantes de la Sabana.
Aparte de la debacle del TransMilenio, los habitantes de la capital le prestan más atención a las actitudes de un burgomaestre que no ha podido despojarse de su ropaje de dirigente de la oposición.
Pero más allá de la práctica de seguir los trinos que el dirigente hace en Twitter, vale la pena mirar ciertos temas de fondo.
Uno de ellos es el de la vivienda, sobre la cual Petro no ha escondido su objetivo: hacer que la ciudad sea más densa e impulsar proyectos de renovación urbana con el fin de que se aproveche la infraestructura existente, tanto en lo referente a vías como a servicios públicos.
Semejante propósito tiene toda la lógica.
En lugar de que la gente viva a kilómetros de su sitio de trabajo, lo ideal es que las distancias sean más cortas y no haya que tender redes y ocupar espacios verdes, dedicados a bosques o agricultura.
Tal como ocurre en decenas de capitales en el mundo, es mejor reemplazar manzanas de edificios viejos y sin valor arquitectónico, por otras en las que hayan construcciones modernas, más amigables y eficientes.
El problema, claro está, es pasar de la teoría a la práctica.
Quienes han ensayado estos temas en Colombia saben de las dificultades que existen para lograr acuerdos con los dueños de los predios o para hacer valer los títulos de propiedad. No hay que olvidar que un juicio ejecutivo en el país dura cuatro años en promedio, un periodo equivalente al que tiene un gobernante elegido por voto popular.
Mientras el tiempo pasa, el déficit habitacional en Bogotá es considerable. Según Camacol, este asciende a unas 245.000 unidades, afectando en particular a las personas de menores ingresos.
Parte de ese faltante se ha podido paliar con la aprobación de una serie de macroproyectos que equivalen a construir una ciudad de tamaño intermedio y en los que habitarían casi un millón de personas.
Tales iniciativas representan un salto cualitativo enorme en una capital en la cual los más pobres han tenido que acudir a los asentamientos piratas, ante la falta de capacidad del Estado para proveer soluciones dignas.
El inconveniente es que en muchos casos ha sido necesario ubicarlos en municipios aledaños, pues las normas vigentes en el Distrito han hecho que la tierra sea el bien más escaso de todos, algo que tiene mucho que ver con el alza en los precios de la finca raíz, que se ha sentido en todos los estratos.
Un ejemplo típico es el de Soacha, que de pueblo sabanero pasó a ser una ciudad importante en pocos años.
Con cerca de 70.000 predios, buena parte de ellos subnormales, es muy probable que el total de viviendas se multiplique por tres, si salen adelante 142.000 unidades distribuidas en varios proyectos.
Sin embargo, esa perspectiva está en veremos ante el mensaje de la Alcaldía en el sentido de no proveerle el servicio de agua a algunos de los barrios planeados, con el argumento de que estos se encuentran fuera de los límites distritales.
Un mensaje similar se les ha enviado a otras poblaciones cercanas. De cumplir estos anuncios, se quedarían sin el vital servicio unas 180.000 viviendas distribuidas en 30 proyectos en Soacha, Mosquera, Madrid, Chía y Cota.
Aunque el propósito es impulsar los planes de renovación del centro de Bogotá y otras zonas, el peligro es quedarse con el pecado y sin el género.
El enorme déficit habitacional no da espera y restringir la oferta de servicios públicos, incluyendo zonas capitalinas como Cedritos, va en contra de cualquier solución. Ojalá la administración distrital recapacite y entienda que también en este caso lo mejor es enemigo de lo bueno.
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