El peligro acecha

En un país en el cual el asesinato sigue siendo una lacra de ocurrencia diaria, ha empezado a olvidarse el de dos funcionarios de la Dian, tras sendos atentados a bala ocurridos en la capital del Huila y la del Valle, con pocos días de diferencia.

Según las autoridades, no hay relación entre uno y otro, pues mientras la profesional muerta en Neiva trabajaba en el área de fiscalización tributaria, el fallecido en Cali lo hacía en el grupo operativo de aduanas.

Pero, quizás ese hecho hace lo ocurrido aún más preocupante, pues deja en claro que los corruptos que esquilman el Tesoro nacional operan en varios frentes, ya sea mediante la evasión de impuestos o el contrabando -entre otras modalidades-, y no tienen límites a la hora de lograr sus propósitos criminales. En tal sentido, el Gobierno debería escuchar con atención el campanazo de alarma que ha sonado, junto con los disparos homicidas.

Este busca intimidar a quienes, literalmente, se juegan la vida en una labor que debería generar más solidaridad y apoyo en otras áreas del Ejecutivo.

Como es bien conocido, en los últimos años, el recaudo tributario ha tenido un importante crecimiento, superior al 50 por ciento desde el 2010.

En cifras gruesas, los ingresos del fisco deberían superar los 100 billones de pesos en el presente ejercicio, gracias, en parte, a la bonanza en los precios y la producción de bienes básicos como petróleo y carbón, así como a la buena marcha general de la economía.

Adicionalmente, una cifra importante tiene que ver con la mejora en la labor que hace la Dian para cerrar más de una vena rota. La conformación de un grupo de personas dedicadas, que hace uso de las herramientas tecnológicas y el cruce de información para detectar prácticas corruptas, ha sido fundamental. No menos importante es el propósito de haberles arrebatado a los políticos puestos que se les entregaban a cambio de apoyos en el Congreso, como sucedía con aduanas clave como las de Bogotá, Buenaventura o Cartagena.

Sin embargo, no hay que engañarse sobre el talante de los enemigos que buscan evitar que las cosas funcionen como es debido. Tanto quienes derivaban rentas para su propio bolsillo, como los cerebros de multimillonarias defraudaciones en devoluciones de impuestos o lavado de activos, quieren un regreso a las oscuras épocas del pasado.

Por cuenta de esa situación, la administración Santos tiene que actuar en dos frentes. De un lado, necesita adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de llevar ante la justicia a los cerebros de los execrables hechos de hace unos días.

Solo enviando el mensaje de que no habrá crimen sin castigo ejemplar se podrá evitar que el sicariato se salga con la suya. A lo anterior hay que agregar la protección de la treintena de funcionarios encargados de la fiscalización tributaria y aduanera que han recibido amenazas creíbles y necesitan un mínimo de tranquilidad para desempeñar sus funciones.

También es definitivo que la Casa de Nariño envíe un mensaje contundente, en el sentido de que la Dian no es un espacio abierto para cuotas burocráticas.

En medio de las presiones propias de la reelección, más de un asesor puede pensar que un puesto aquí y una dirección regional allá sirven para mejorar la ‘gobernabilidad’.

Pero hay que evitar caer en tales tentaciones y, en cambio, emplazar al Congreso a que haga su labor. Señales como la de ayer, cuando la Cámara aplazó el debate del proyecto de ley que busca dotar a las entidades estatales de más herramientas para combatir el contrabando, son preocupantes.

Finalmente, el Ejecutivo debe ser explícito a la hora de señalar que la Dian no está sola. Una cosa es exigirle ser más efectiva en su labor y mejorar sus procesos internos, y otra es hacer caso omiso del peligro. Un peligro que, como tristemente ha quedado demostrado, es real y deja a su paso un rastro de sangre y muerte.