Todos pierden

09.01.2014 00:29 Actualizado: 09.01.2014 00:29

El pasado 22 de noviembre la edición de Portafolio hizo sonar la alarma: ‘Alerta por atraso en obras del puerto de Drummond’, decía el titular en primera página.

Según el artículo, la multinacional no cumpliría con los plazos fijados en las normas, de acuerdo con las cuales a partir del primero de enero del 2014 el cargue del carbón que explota en las minas que opera en el Cesar debería hacerse de manera directa y no a través de barcazas.

En el texto quedaba claro, además, que el Gobierno era consciente de la situación desde hace meses y que en su momento se exploraron opciones varias para sacar el mineral a los mercados externos.

A la luz de las advertencias hechas resulta, por decir lo menos, curiosa la respuesta del Ejecutivo que ayer decidió suspender las operaciones portuarias de la compañía hasta tanto el nuevo sistema esté listo para usarse.

Tal como lo informó la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una rueda de prensa en Santa Marta, en un plazo no mayor a cinco días deberá hacerse efectiva la orden, con lo cual se podrá embarcar el material acumulado en el muelle y limpiar las instalaciones para que no existan fuentes de posible contaminación.

En sus declaraciones, Luz Helena Sarmiento, la titular de dicha cartera, sostuvo, que “lo que está en riesgo además del tema ambiental y social es la credibilidad institucional de las autoridades colombianas.

La ley es para todos. Y nuestra obligación como Gobierno es hacerla cumplir”.

Tales argumentos son válidos. No obstante, lo lógico era que se hubieran aplicado al comenzar el nuevo año y no como resultado de la presión de los medios, semana y media después.

Al fin de cuentas, cualquier espectador sin necesidad de binóculos habría podido ver desde la playa que las actividades continuaron sin interrupción, a pesar del vencimiento de términos.

Lo anterior vuelve a poner de presente que la falta de políticas claras y la escasa coordinación institucional sigue presente en el manejo de los asuntos mineros en Colombia.

Es indudable que a pesar de la cantidad de entidades públicas que tienen intereses en el sector, resulta todavía imposible hablar con una sola voz, con lo cual se envían señales contradictorias que ocasionan costos que se hubieran podido minimizar.

En lo que atañe a Drummond, esta verá sus finanzas impactadas por un paro forzado de dos meses y medio, que es el tiempo estimado antes de que entre a operar el nuevo puerto cuya construcción se adelanta. Pero también el país pagará los platos rotos, pues no solo dejará de exportar más de seis millones de toneladas de carbón, sino que no recibirá regalías y compensaciones que se estiman en 2.470 millones de pesos diarios.

A esas sumas hay que agregar el no pago por el uso de la vía férrea o los giros reducidos que recibirán los proveedores que se quedarán temporalmente sin oficio.

Queda por verse, además, el efecto en el empleo, pues si bien el Ministerio del Trabajo ha advertido que no autorizará licenciamiento alguno, centenares de contratistas pueden quedar cesantes.

A la lista hay que agregarle el impacto de largo plazo sobre la credibilidad del país como proveedor de carbón en un mundo en el cual la demanda del mineral tiende a la baja.

Muchos de esas consecuencias serían menores si el tema se hubiera manejado con tiempo, en forma más racional y menos emocional.

En su momento se habrían podido diseñar planes de contingencia y esquemas conducentes a impedir que los justos paguen por los pecadores.

En el desenlace en el que todos pierden, es obvio que a la Drummond le cabe una gran cuota de responsabilidad, justo cuando se acerca la renegociación de sus contratos.

Pero tampoco está exento de culpa el Estado al cual parece que le queda imposible ver las luces de advertencia, aún si estas se encienden en el tablero con la debida antelación.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto