El primer aniversario

01.11.2013 01:31 Actualizado: 01.11.2013 01:31

Ha pasado un año desde cuando en la Bolsa de Valores de Colombia sucedió algo que los observadores veían como impensable: el derrumbe de InterBolsa, a la sazón, la firma comisionista de mayor tamaño en el mercado.

Describir el nerviosismo que se vivió tanto en las horas previas como posteriores a la intervención de la compañía es difícil después de 12 meses.

Pero la verdad es que nunca antes en la historia del país estuvo tan cerca la posibilidad de una hecatombe que podría haberse extendido al resto del sector y haberle causado pérdidas inmensas a un vasto grupo de personas naturales y jurídicas.

La razón es que el volumen de operaciones a plazo pendientes de cumplimiento se acercaba a los 2,5 billones de pesos entre títulos de deuda y acciones.

Sin embargo, la reacción de las autoridades permitió que el peor escenario fuera evitado y que se mantuviera la credibilidad en el sistema.

Bajo ese punto de vista, lo más importante es lo que no ocurrió.

Ese consuelo, claro está, les sirve de poco a los damnificados, que vieron esfumarse recursos cercanos al medio billón de pesos, aunque la suma final todavía está por establecerse.

El motivo es que desenredar el entramado de un conglomerado de 16 sociedades, que además tenía una estrecha relación con el Fondo Premium con sede en Curazao, ha sido difícil.

No obstante, desde un comienzo quedó relativamente claro que se cometieron abusos cuya causa primordial fue la obtención de recursos para adquirir acciones de Fabricato, con base en las cuales se construyeron sucesivos esquemas de apalancamiento. Cuando el objetivo de dividir la textilera entre su negocio industrial y sus activos de finca raíz fracasó, el esquema probó ser insostenible.

De manera paralela, también se ha comprobado que la situación de InterBolsa no era tan boyante como se pensaba y que la firma no solo buscó un comprador, sino que realizó operaciones que deberían haber hecho sonar diferentes alarmas.

Por tal motivo, hay interrogantes que probablemente nunca serán contestados y que tienen que ver con el papel de las entidades de vigilancia, autorregulación y supervisión, incluyendo a la propia Bolsa.

No menos importantes son los cuestionamientos, una vez caída la estantería.

El hecho de tener a la Superintendencia Financiera y a la de Sociedades actuando en paralelo, dejó mucho que desear, pues la coordinación institucional no fue buena. En algunos casos se perdieron días valiosos y en otros persisten diferencias de criterio que no dejan de causar sorpresa.

Igual de inquietante resulta el lento accionar de la justicia. Más allá del debate sobre el acopio de pruebas o el uso de recursos a los que tienen derecho demandantes y demandados, lo cierto es que el proceso avanza a un ritmo exasperante.

En tal sentido, hay que mantener la presión para que las decisiones se produzcan rápido y los culpables sean castigados con todo el peso de la ley.

El peor mensaje que podría emitirse al cabo de un tiempo es que en Colombia el crimen sí paga, en caso de que quienes sean hallados culpables reciban sentencias que la ciudadanía considere irrisorias.

Por otro lado, falta todavía un mayor nivel de autocrítica entre quienes se vieron obligados a apagar el incendio.

Si bien a lo largo de los meses pasados han sido adoptadas decisiones que buscan cerrar la posibilidad de un abuso aquí o un exceso allá, no estaría de más que el análisis fuera más integral.

La justificación es que las posibilidades de que un escándalo similar vuelva a ocurrir en algún punto del futuro son altas, por más indeseable que así sea.

Debido a ello, hay que afinar los sistemas de alerta, la capacidad de supervisión y los castigos. Bien dice el refrán que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero sí es obligación hacer todo lo posible para que lo que sucedió no vuelva a pasar.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto