Mayo fue para España un mes para olvidar. En apenas 30 días, la cuarta economía más grande de la zona euro pasó de tener problemas grandes a dificultades que algunos consideran insuperables.
Tantas, que las angustias de Grecia –pendiente de los resultados de unas elecciones que el 17 de junio definirán su futuro– parecen, en comparación, de orden menor.
Así por lo menos lo creen los mercados. A lo largo de las pasadas cuatro semanas la Bolsa de Madrid tuvo una caída del 13 por ciento, mientras que la prima de riesgo de los bonos de deuda a diez años, en comparación con los títulos alemanes, cerró ayer en 536 puntos básicos.
Eso quiere decir que actualmente los españoles deben pagar alrededor del 6,5 por ciento anual a la hora de atraer inversionistas, una tasa históricamente alta.
Aunque las cosas venían mal, ahora están mucho peor.
Por tal motivo, existe la expectativa de que la salida de capitales, que en el primer trimestre del 2012 ascendió a 97.090 millones de euros, se haya convertido en una verdadera hemorragia.
Un número creciente de entidades considera que la nave ibérica está haciendo agua y muchos han preferido abandonar el barco antes de que sea tarde.
La causa de ese deterioro tiene un nombre: Bankia. Así se llama la entidad filial del Banco Financiero y de Ahorros, que a su vez nació del proceso de reestructuración del sistema de cajas de ahorro en el 2010. Las instituciones fundadoras fueron Caja Madrid y Bancaja, pero con el tiempo se sumarían cinco más, cuyos activos combinados llegaron a sumar unos 340. 000 millones de euros.
El problema es que detrás de esas impresionantes cifras había problemas que apenas empiezan a salir a la luz pública.
Manejadas en ocasiones con criterios más políticos que técnicos, las cajas fueron responsables del auge de construcción y crédito, que en un momento hizo brillar la economía de la península.
Sin embargo, los excesos a la hora de otorgar préstamos o respaldar proyectos de poca viabilidad aparecieron, cuando estalló la burbuja de la finca raíz.
En una primera etapa se pensó que Bankia sería capaz de poner en práctica aquel lema según el cual “la unión hace la fuerza”. Precedida de una gran campaña de publicidad, la compañía salió a bolsa en julio del año pasado y consiguió recursos de capital fresco por 3.092 millones de euros, tras colocar sus acciones entre el público.
Lamentablemente, cuando las autoridades empezaron a aplicar pruebas ácidas a la calidad de los activos inmobiliarios, el balance fue desolador.
Y es que aparte de 4.465 millones de euros recibidos, la administración informó que requeriría de 19.000 millones más. Para ese entonces Bankia ya había sido nacionalizada con el fin de evitar su derrumbe.
En circunstancias más normales, el Gobierno habría asumido el golpe y la responsabilidad política de la determinación. El lío es que España tiene un elevado déficit fiscal que en el 2011 llegó al 8,9 por ciento de su Producto Interno Bruto –cercano a un billón de euros– y ha incumplido los compromisos de bajar ese saldo en rojo.
De tal manera, asumir el rescate de Bankia –y posiblemente de otras entidades– va a hacer más improbable que salga adelante. Existen cálculos que afirman que poner la casa en orden podría llegar a valer 100.000 millones de euros, una cifra enorme.
Salir de esa encrucijada no será nada fácil, lo cual explica el derrumbe de la bolsa madrileña y el alza en la prima de riesgo. Todo depende entonces de las decisiones que se tomen en Berlín y Bruselas, para que Alemania permita que el Banco Central Europeo encuentre la manera de apoyar a las entidades bancarias en dificultades y compre más bonos de deuda españoles.
Si eso no sucede pronto, el derrumbe del euro puede ser inminente, con posibilidades de contagiar a Italia.
Y eso ya no sería una tragedia griega o un drama mediterráneo. Sería un cataclismo global.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co