Una prueba de fuerza

El año pasado, por esta misma época, el país estaba inmerso en la campaña electoral, pocas semanas antes de los comicios presidenciales que al final llevaron a Juan Manuel Santos a seguir ocupando la Casa de Nariño. No hay duda de que la contienda fue pugnaz, pues cada aspirante tenía posturas que diferían notoriamente de las de sus rivales.

Sin embargo, hubo un tema sobre el cual se logró un consenso, algunas veces tácito y otras explícito. Este fue el de darle prioridad a la educación, acogiendo los trabajos hechos por diferentes entidades como la Fundación Compartir. Los distintos candidatos se comprometieron con estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza, a través de mayores recursos y nuevas políticas.

El punto de partida era conocido. A pesar de que la cobertura educativa ha aumentado en el país en todos los niveles, tenemos el mismo problema de siempre, que es recurrente en el resto de América Latina: nuestros estudiantes ocupan los últimos lugares en las pruebas internacionales, sin que la ligera mejora observada refleje realmente el esfuerzo presupuestal realizado.

Entre los diagnósticos se identificaron problemas como la corta duración de la jornada escolar, los atrasos en infraestructura y, especialmente, la baja remuneración relativa y la escasa capacitación de los maestros. Para cada uno se propuso una hoja de ruta, con miras a que en un futuro no muy lejano pudiéramos cerrar la brecha que nos distancia de otras latitudes.

En consecuencia, una vez comenzó la nueva administración se anunciaron planes para corregir gradualmente las fallas citadas. Una demostración del compromiso adquirido se vio en la discusión del presupuesto nacional, pues el capítulo de educación recibió, por primera vez en años, una asignación más grande que el de seguridad.

En aquel momento, habría sido fácil pensar que el redireccionamiento en las prioridades de la agenda pública caería bien en el gremio de los educadores. Pero tal parece que no es así. La declaratoria de paro efectuada esta semana por Fecode, el sindicato que agrupa a la mayoría de los maestros estatales, muestra que el camino es todavía largo y tortuoso.

Un asunto central es el dinero. Más allá de los reajustes anuales que cobijan a todos los empleados públicos, el Ejecutivo ofreció un alza del 10 por ciento a lo largo de cuatro años, que serviría para recortar el diferencial que existe entre los profesores y quienes se desempeñan en otras disciplinas.

Con el paso del tiempo, la meta es llegar a un nivel tal que sea competitivo y permita atraer a personas de mejores calificaciones, que se dediquen de tiempo completo a la enseñanza. Varios trabajos académicos muestran que ser maestro es la última opción para quienes desean hacer una carrera.

No obstante, un aumento en el pago mensual tiene que venir acompañado de buenos métodos de evaluación. Esta no solo sirve para premiar a quienes mejor lo hagan, sino para diseñar programas de capacitación orientados a llenar los vacíos que se identifiquen.

Por tal razón, la actitud de Fecode llama la atención, pues parece estar más centrada en defender privilegios que en aceptar el reto de educar mejor a los jóvenes colombianos. A lo anterior se agrega la táctica de levantarse de la mesa, con el fin de presionar a un Gobierno que es percibido como débil.

Por tal razón, el Ejecutivo tiene que mantenerse firme y no dialogar hasta que se levante el paro, tanto por razones de fondo como de forma. Dar un paso atrás significaría echar por la borda una política que apenas está naciendo. No menos inconveniente sería enviar el mensaje de que la administración cede ante los chantajes y que las vías de hecho son las apropiadas para obtener concesiones. Si eso es así, Santos, que en el pasado se ha acostumbrado a sembrar vientos, acabará cosechando nuevas tempestades.