En la puerta del horno

Aparte de la reforma constitucional de equilibrio de poderes, no existe en la legislatura que termina esta semana un proyecto de ley tan trascendental como el que debería votar este martes la plenaria de la Cámara de Representantes.

Se trata de la etapa final de la iniciativa “por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.
Si el desenlace es favorable, bien podría calificarse la ocasión como histórica. Han sido varias las veces en las que al Capitolio ha llegado un texto que busca dotar al Estado de herramientas más eficaces en la lucha contra un flagelo que va de la mano con el crimen organizado.

Sin embargo, ya sea por desinterés, por la presencia de intereses oscuros, o por la conjunción de ambos, todos los intentos previos han fracasado.
En la presente ocasión parecía que el desenlace iba a ser igual. Cuando el 18 de septiembre del año pasado quedó radicada la primera versión del articulado, fueron pocos los que le auguraron suerte. Incluso en diciembre del 2014, después de que la propuesta pasó en primer debate a última hora en el Senado, las cosas no se veían bien.
Sin embargo, un juicioso trabajo de convencimiento por parte del Ministerio de Hacienda y la Dian, logró que aquello que parecía imposible sea factible.

Aunque no está de más recordar el refrán según el cual ‘al mejor panadero se le quema el pan en la puerta del horno’, es razonable pensar que el resultado será positivo. Ojalá así sea y no vuelva a pasar como en la noche del jueves cuando por un voto fue imposible contar con el quórum necesario.
El proyecto actual es clave para atacar dos delitos que se han vuelto uno. A medida que las puertas que antes se usaban en el sistema financiero se han cerrado, la manera preferida de lavar dinero procedente de actividades ilegales en Colombia es la importación irregular de mercancías. Un cálculo oficial sostiene que el monto involucrado podría ascender a unos 7.000 millones de dólares, que no es una cuantía despreciable.
En consecuencia, hay que responder con un gran garrote. Este consiste en tipificar delitos y elevar las sanciones penales por contrabando hasta 16 años de cárcel, si se le incluyen los factores agravantes. Sobra decir que el enfoque no son los pequeños comerciantes o los ‘pimpineros’ que traen combustibles del otro lado de la frontera, pues los castigos operan a partir de 30 millones de pesos en mercancías o 20 galones.
No menos importante es identificar y darle un tratamiento similar a la figura del contrabando técnico, cuya utilización parece ir en aumento.

Ante las preocupaciones de algunos empresarios en el sentido de que pudieran ser víctimas de abusos, quedó en claro que una controversia aduanera no da pie a una detención. Por su parte, los servidores públicos venales deberían tomar nota, pues el castigo propuesto es mucho más severo en su caso, al quedar en claro que la probidad debe entrar por casa.
En otros apartes, vale la pena destacar el fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) o de la Policía Fiscal y Aduanera. Tanto en materia de inteligencia como de operaciones en el terreno, las autoridades actuaban maniatadas o sin los recursos necesarios para vencer un monstruo de tantas cabezas como este. A lo anterior hay que agregar equipos técnicos y laboratorios, fundamentales a la hora de actuar con efectividad.
Por último, no se puede pasar por alto el esfuerzo de mejorar la cooperación interinstitucional o la internacional. Derrotar a un enemigo tan poderoso es imposible con las disposiciones actuales. Y aunque las nuevas no garantizan el éxito, si se aplican con juicio son el primer paso para poner en retirada a los delincuentes. Los mismos que le cuestan al fisco billones de pesos anuales, destruyen miles de empleos y alimentan la violencia. De ahí que lo de hoy sea tan importante.