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¿Renace el sindicalismo?

El Gobierno es amigo de reformas a favor del derecho de asociación.

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Han sido muy pocas las ocasiones en las que un presidente colombiano hace presencia en un congreso sindical. Eso fue precisamente lo que ocurrió ayer cuando Juan Manuel Santos fue uno de los oradores en el acto con el cual la Confederación General del Trabajo celebró cuatro décadas de existencia.
Pero lo importante no fue tan sólo la presencia del mandatario y de varios de sus ministros, sino lo que dijo, pues sus palabras le valieron varios aplausos cerrados del auditorio.
Conquistar a un público que tradicionalmente se ha mantenido a una apreciable distancia de la Casa de Nariño constituye todo un hito. Para nadie es un misterio que las relaciones entre el Ejecutivo y los principales sindicatos han estado marcadas desde hace un buen tiempo por el recelo y la desconfianza. Si bien los canales de diálogo se han mantenido, las tensiones son más la norma que la excepción en este campo.
Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando.
Y es que desde su discurso de posesión Santos hizo anuncios que, para sorpresa de los más escépticos, ha venido cumpliendo. Estos tienen que ver no sólo con la consabida necesidad de generar empleos de buena calidad, sino con la protección de derechos como el de la libre asociación y la adopción de reformas que permitirían un renacimiento del sector.
Dentro de estas se encuentran los esfuerzos para mejorar la seguridad de los activistas sindicales y terminar con la impunidad de decenas de crímenes cometidos en años pasados, pero sobre todo con allanar el camino para que surjan o regresen las agremiaciones de trabajadores y empleados. Si eso ocurre, los observadores creen que el número de afiliados a los sindicatos subiría muy por encima del de 810.000 personas que tiene actualmente, una cifra que apenas supera el 4 por ciento de la población ocupada en Colombia. Esa proporción es muy baja frente a la que se encuentra en los países desarrollados o en buena parte de América Latina, lo cual no necesariamente es algo positivo. 
La razón es que un sindicalismo moderno, exento de los vicios de corrupción o de las posiciones políticas extremas, constituye un sano contrapeso a las diferentes fuerzas que interactúan en una democracia.
Los más diversos estudios muestran que estas asociaciones contribuyen a elevar el nivel de vida, acortar las brechas sociales y aumentar el tamaño del mercado interno.
Conseguir ese objetivo no es tarea fácil. Por una parte, es necesario trabajar en materia de normas, lo cual incluye nuevas disposiciones orientadas a estimular el derecho de asociación y a combatir la informalidad que cobija a más de la mitad de los trabajadores colombianos. Eso implica el fin, en términos prácticos, de las cooperativas de trabajo asociado o la restricción a las actividades de las agencias de empleo temporal.
Al mismo tiempo, hay cosas por hacer institucionalmente. De tal manera, la próxima creación del Ministerio del Trabajo es una prueba importante, pues se trata de crear una cartera moderna que esté más concentrada en los asuntos relacionados con el empleo y el control a eventuales abusos, que con la expedición de permisos o la imposición de sanciones. 
No obstante lo anterior, sin duda el punto más crítico es que empresarios y trabajadores entiendan la nueva realidad en un contexto diferente. Esto implica sentarse a conciliar diferencias en un ambiente constructivo, desprovisto de los sesgos ideológicos de otros tiempos y con la visión de que la negociación colectiva es un mecanismo útil que puede incidir en una mayor productividad del sector privado. 
De conseguirse esto, existirán las bases para solucionar problemas fundamentales que van más allá de la remuneración mensual de un puñado de afiliados. Un clima de entendimiento permitiría abordar temas como el de las pensiones que, por cuenta del esquema actual, cuestan mucho y benefician a unos pocos. Ojalá esa evolución tenga lugar en un área en la cual es necesario avanzar, si Colombia aspira a ser más moderna y justa de lo que es ahora.
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