Reporte inicial

Cuando a finales de febrero un comunicado de la Presidencia de la República informó sobre la conformación de la Comisión para el Estudio de la Política y la Institucionalidad Cafetera, el anuncio fue recibido con reacciones variadas en el sector. Para algunos, una nueva ronda de estudios y recomendaciones no era necesaria a la luz de las urgencias de los cultivadores, mientras que otros opinaban que era indispensable mirar el tema con perspectiva.

Las angustias, a decir verdad, acabaron siendo las principales protagonistas en las semanas posteriores. Como es bien sabido, el movimiento organizado por Dignidad Cafetera, que paralizó a buena parte del país, concluyó cuando la administración Santos aceptó entregar un subsidio de hasta 165.000 pesos por carga, que le costaría al fisco cerca de 900.000 millones de pesos este año.

Para completar las cosas, en agosto pasado las protestas agrícolas desembocaron en un nuevo compromiso de extender el llamado PIC al 2014, suma que será financiada gracias a posponer el desmonte del gravamen a los movimientos financieros. Aun así, el malestar entre los cultivadores del grano es amplio por cuenta de la descolgada de los precios internacionales. Incluso con el subsidio, el valor que reciben los productores no llega a los 550.000 pesos por carga, un monto descrito como insuficiente, pues no alcanza a cubrir los costos establecidos.

Con base en esa situación, cobran todavía más relevancia los análisis de la misión de expertos, encabezada por el excodirector del Banco de la República Juan José Echavarría, quien además integra la Fundación Buen Gobierno, que tiene a su cargo la reelección de Juan Manuel Santos. Debido a ello, es válido pensar que los hallazgos le servirán de insumo al Gobierno próximo, sobre todo si no hay cambio de inquilino en la Casa de Nariño. Incluso, el cronograma indica que la incorporación de las principales decisiones tendrá lugar en enero, cuando debería convocarse un Congreso Cafetero extraordinario.

Sin embargo, desde ya se ven algunas luces, tras una labor que ha sido técnica. Y lo que estas revelan es que hay mucha tela por cortar, aparte de una que otra verdad que puede sonar incómoda.

La primera es que Colombia tiene un problema serio de productividad por hectárea. Esta no solo se mantuvo estancada entre 1990 y el 2007, sino que en los últimos tiempos ha caído. Al mismo tiempo, Brasil y Vietnam –el primero y segundo productor más grande– no han hecho más que crecer. De seguir esa tendencia, el país dejaría de ser viable, sobre todo con los costos actuales.

En consecuencia, es fundamental revertir la situación. Esta pasa por el uso de mejores variedades del grano. Si bien estas existen, muchos cultivadores siguen apegados a las tradicionales, lo cual denota un inconveniente serio.

No menos relevante es el análisis de la institucionalidad cafetera, que revela fortalezas a nivel regional y disyuntivas en el ámbito nacional. Estas pasan por un desmonte de ciertos acuerdos que le dan al gremio privilegios y obligaciones, pero le quitan flexibilidad.

Tampoco se han desconocido asuntos espinosos como la posibilidad de que se cultiven otras variedades o los propios beneficios que deja el PIC. En este último caso, todo indica que el subsidio es regresivo, pues no distingue entre cultivadores grandes y pequeños.

Tales elementos, junto a los datos sobre rentabilidad, deberían llevar a cambios en la política vigente. Ciertas decisiones no serán fáciles, pero el mensaje de fondo es que si Colombia aspira a tener un futuro en la caficultura, tiene que hacer las cosas de manera diferente.

Y aunque parezca obvio, falta llenar un vacío adicional. Este es el de la ausencia de buena información sobre un sector que es clave para la economía. Si esto pasa con el café, es sencillo imaginar que en el resto del sector agropecuario la realidad es aún peor.