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La respuesta a un debate

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A lo largo de los pasados meses ha subido la intensidad del debate relacionado con la necesidad de una política industrial en Colombia.
Para sus promotores, el país necesita tener estrategias definidas, orientadas a promover la actividad manufacturera.
La pertinencia de un esquema de esa naturaleza tiene que ver con agregados tan importantes como la producción y el empleo de buena calidad.
Una discusión en tal sentido no es nueva. De hecho, en Europa y las economías emergentes el tema ha ganado relevancia, tras la desaparición de las aproximaciones sectoriales que se ausentaron con la rebaja de aranceles y barreras comerciales en las que se embarcó el mundo hace un par de décadas.
No obstante, casos como los de China o Brasil, en los cuales el Estado interviene en forma explícita para impulsar actividades específicas, han convencido a muchos de que no basta con dejarlo todo en manos del mercado.
Lo anterior no quiere decir volver al pasado. Si bien hay quienes añoran las épocas en las cuales las fábricas nacionales se encontraban protegidas de la competencia externa, son más quienes creen que cualquier modelo que se aplique debe operar en un marco de apertura.
La razón principal es que los grandes sacrificados eran los consumidores, que antes debían adquirir productos costosos y de poca calidad, mientras los productores que habían logrado mantener sus monopolios podían dedicarse a maximizar sus ganancias. Esa descripción, por lo menos, se asemeja a la que era la realidad de Colombia antes de 1990.
Por tal motivo, vale la pena analizar el planteamiento que ha venido haciendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que sostiene que su política de desarrollo empresarial es, en términos prácticos, la política industrial de Colombia. Según la entidad, existe un enfoque basado en la competitividad que tiene, además, un componente transversal y otro sectorial.
De tal manera, mientras el primero busca mejorar las condiciones en las que opera el sector privado en general, el segundo se concentra en una serie de ramos a los que se les hace un seguimiento puntual.
La búsqueda de esos objetivos se apoya en un marco institucional, conocido como el sistema nacional de competitividad, en el cual hay instancias regionales, así como escenarios de diálogo con los empresarios y la academia. Dicha arquitectura ha sido objeto de elogios, aunque no opera con igual eficacia en todas partes.
Las entidades involucradas tienen que ver con temas que van desde la política de comercio exterior, hasta la de financiación, pasando por la de incentivos a la inversión.
También se consideran en la lista asuntos como la formalización laboral, la regulación, el desarrollo del capital humano o la calidad de la infraestructura, para sólo citar algunos. Un caso típico de los avances hechos es el de la eliminación de la tabla de fletes para el transporte, que se reemplazó por un mecanismo de seguimiento que fue aceptado por las partes.
Además de lo anterior, está el énfasis en áreas con nombre propio. De tal manera, se han identificado desde ramos establecidos hasta emergentes.
En la lista se encuentran autopartes y vehículos, textiles y confecciones, comunicación gráfica, energía eléctrica, servicios de tercerización, desarrollo de software, cosméticos y artículos de aseo, y turismo de salud. Adicionalmente, el agro tiene su segmento que incluye chocolatería y la confitería, carne bovina, palma y aceites, y camaronicultura.
Hasta ahí todo suena muy bien, pero es necesario hacer más.
De un lado, el Ministerio debe subirle el perfil a su política y participar con mayor vehemencia en la discusión actual. Del otro, hay que hacer informes periódicos de seguimiento tanto sobre el avance de los componentes transversales como de los sectoriales. Ello con el objetivo de establecer si están todos los que son en el propósito de darle un empujón a la industria en Colombia.
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