Revisar y regular

El Gobierno debe tanto revisar la legalidad del nuevo modelo de Uber, como seguir en el camino de la regulación por el Congreso.

20.02.2020 22:03 Actualizado: 20.02.2020 22:03

Poco más de tres semanas duraron suspendidos los servicios de transporte de Uber en Colombia. Ayer la plataforma digital anunció la reanudación de sus operaciones en el país con un modelo ‘alternativo’ de negocio basado en un contrato de arrendamiento.

A todos, incluidas las entidades del Gobierno, tomó por sorpresa el regreso de la aplicación. El pasado 31 de enero Uber cerró su plataforma para prestar el servicio de transporte en protesta a un fallo en su contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En las semanas previas a su salida, la empresa tecnológica estadounidense amenazó al Estado colombiano con una demanda internacional, desplegó una agresiva campaña en redes para despertar apoyo ciudadano y presionar a las autoridades, y pidió un decreto de emergencia a la medida.

No obstante, el gobierno Duque no cedió y la plataforma debió cumplir su ultimátum de cesar sus operaciones.

Ahora Uber regresa con cinco opciones de servicio en las que el usuario arrienda un vehículo con conductor mediante un acuerdo entre ambas partes. Este nuevo modelo convertiría la plataforma en un ‘punto de contacto’ que brinda tecnología y no un servicio de transporte.

Mientras conductores y muchos usuarios de la aplicación celebran este retorno, el gremio de los taxistas amenaza con paros y movilizaciones. Dadas las condiciones en las que Uber cerró sus operaciones de transporte, esta sorpresiva reactivación implica un reto claro no solo al Gobierno, sino a la decisión judicial que los sacó.

La primera respuesta del Ejecutivo, incluidas las entidades de control y vigilancia, debe ser la inmediata revisión de cada uno de los elementos de este nuevo modelo de Uber. La Superintendencia de Transporte necesita obtener lo más pronto posible la información requerida para establecer si el contrato de arrendamiento, base del modelo, se ajusta a la normatividad vigente en Colombia.

Los millones de usuarios de las plataformas y los conductores deben, asimismo, contar con información clara e inequívoca de los alcances de ese ‘acuerdo entre las partes’ y de qué son responsables cada uno de los firmantes de este contrato. Sin importar si miles de estos se autoricen diariamente, las autoridades tienen la responsabilidad de explicar la letra menuda a los ciudadanos.

La salida inicial de Uber sirvió de catalizador para que los llamados a la pronta regulación de estas plataformas se concretaran y ganaran un sentido de urgencia. El Gobierno, con el liderazgo de la consejería presidencial para la Transformación Digital, está avanzando con un bloque de congresistas en la definición de las normas que regirían los servicios de transporte individual, incluidos los ofrecidos por aplicaciones.

El pasado martes, este diario reportó los seis acuerdos a los que han llegado el Ejecutivo y los parlamentarios en temas como los pagos digitales, la claridad en la identidad del conductor y en la tarifa, y la georreferenciación continua del servicio, entre otros. Si bien el camino hacia un texto consensuado apenas inicia, el regreso de Uber debería agilizar el ritmo de las discusiones.

En simultánea con esta revisión detallada del modelo de Uber, el Gobierno debe mantener la hoja de ruta hacia la concreción de una regulación vía el Congreso de la República. En menos de un día, el retorno de esta aplicación ya está generando mucho ruido alrededor de bloqueos y de amenazas.

A pesar de lo anterior, la Presidencia de la República no puede perder de vista el principal objetivo: la creación de ese marco regulatorio que integre taxis, plataformas y demás actores en un ecosistema moderno. Sin importar el regreso de Uber, el dilema sigue: ¿taxificar las plataformas, plataformizar los taxis o un híbrido disruptor?