Foto de luces y sombras

No hay manera de ponerles buena cara a los datos respecto al comportamiento del empleo que fueron dados a conocer por el Dane ayer. De acuerdo con la entidad, el índice de desocupación llegó a 9,7 por ciento a nivel nacional en diciembre pasado -el peor guarismo en siete años- y a 10,7 por ciento en las trece áreas metropolitanas más grandes, el nivel más elevado desde el 2010. El balance podría haber sido todavía más oscuro si la oferta laboral se mantiene igual a la registrada a finales del 2017.

Las cifras son elocuentes. A pesar de que el total de ocupados llegó a casi 23 millones de personas y aumentó en 304.000 individuos, lo que equivale a un alza de 1,3 por ciento, en el caso de los desocupados el salto superó el 15 por ciento. Para colmo de males, los subempleados subjetivos (gente que cree que merece un trabajo mejor) subieron casi 17 por ciento y los subempleados objetivos lo hicieron en 20 por ciento.

El balance es un poco menos crítico cuando se observa la foto anual. A pesar de que en este caso también se observa un deterioro, la magnitud del retroceso es menor. Tanto que hay especialistas que hacen llamados a la calma y aconsejan que en estos casos vale la pena usar un lente con cobertura más amplia.

Quienes son partidarios de esa postura recuerdan igualmente que el clima económico muestra inequívocos síntomas de mejoría. Tal como lo dijo ayer el Banco de la República, la evidencia sugiere que la demanda de los hogares viene en franca recuperación, algo que debería traducirse en patrones de consumo más elevados y un ritmo de más vigoroso para los negocios. De ser ese el caso, aumentaría la oferta de plazas, pero eso no sucede de manera inmediata sino que hay un rezago.

Otra visión, en cambio, es la que afirma que los efectos de la ola migratoria proveniente de Venezuela comienzan a verse. La llegada de más de 1,3 millones de personas del país vecino sirve para entender el aumento en la informalidad y el hecho de que el panorama laboral en Cúcuta, Bogotá y las principales capitales de la Costa Atlántica -que llevaban un tiempo largo como las de menor desocupación- haya empeorado.

A este respecto, el Dane hizo una medición interesante, al incluir varias preguntas en el cuestionario que aplica. El cálculo hecho con base en las respuestas revela que 1,24 millones de personas -que equivalen al 2,6 por ciento de la población total- reportaron que vivían en territorio venezolano hace cinco años y cerca de la mitad hace doce meses o menos. En este último grupo la tasa de participación (77,4 por ciento) es unos 14 puntos porcentuales más alta que el promedio nacional y la de desempleo asciende al 18 por ciento, aunque la tendencia es descendente.

Todo lo anterior muestra un panorama de logros y desafíos. En el caso de los primeros, lo más significativo es que los daños han sido menores de lo que se pensaba, pues no hay que olvidar que el crecimiento económico se mantiene avanzando por el carril lento y solo hasta el 2019 se ubicaría cerca de la media histórica. Puesto de manera coloquial, el resultado podría haber sido peor.

Al mismo tiempo, es indispensable concentrarse en recuperar la dinámica de algunos sectores que son claves en la absorción de mano de obra. Ese es el caso de la construcción que no las ha tenido todas consigo, sobre todo en el caso del ramo edificador. Vale la pena volver a examinar las políticas adoptadas en el segmento de la vivienda, aparte de conversar con los alcaldes que en principio están llamados a aumentar las inversiones locales, ahora que están en el cierre de su gestión.

Por último, queda la duda sobre la conveniencia del alza en el salario mínimo, muy superior al índice de inflación. Elevar los costos laborales puede hacer más difícil bajar el desempleo, así el propósito haya sido otro. A fin de cuentas, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.