La cláusula de escape

Puede ser que Colombia no haya cumplido con los requisitos exigidos para finalizar su proceso de adhesión a la Ocde, el llamado ‘club de las mejores prácticas’. Aun así, es evidente que el país se encuentra en el radar de la organización, con sede en París.

Dicha afirmación volvió a quedar demostrada unos días atrás, cuando la entidad dio a conocer una nota respecto a dos temas clave: el efecto del impacto migratorio desde Venezuela sobre la economía y las implicaciones fiscales de la llegada de cientos de miles de personas, provenientes del otro lado de la frontera. Aunque a primera vista se trata de asuntos disímiles, la verdad es que hay relación entre uno y otro.

Para comenzar, es indudable que este no es un fenómeno menor, ni de corto plazo. Aparte de los 1,2 millones de venezolanos que viven en el territorio nacional, hay que contar a unos 300.000 colombianos que volvieron a su patria en busca de rehacer sus vidas. Esa cifra debería seguir aumentando, más allá de que los puntos de cruce formales permanezcan cerrados desde hace varias semanas.

El motivo es que viene un proceso de reunificación familiar, el cual tendrá lugar en la medida en que los que llegaron primero logren instalarse y conseguir el dinero para traer a sus seres queridos. Los especialistas hablan del fenómeno del enclave, muy similar al protagonizado por gente de Colombia en Chile, España o Estados Unidos. De hecho, la vecindad geográfica y la apertura de las autoridades locales, hace menos compleja la reunificación.

Lo anterior no necesariamente es malo. Aparte de reconocer que hay desafíos para absorber un flujo de personas considerable, la Ocde señala que “la migración puede ser una fuente importante de crecimiento y bienestar a largo plazo”. El motivo es que el aumento en la mano de obra se traduce en un alza del producto potencial y en una fuente de demanda interna. Aparte de lo anterior, puede ser positivo que el promedio de edad de los venezolanos es menor en cinco años al de la población colombiana, lo cual mitiga los efectos negativos del envejecimiento que está en proceso.

El problema, sin embargo, es de carácter inmediato. Fuera de las tensiones en el mercado laboral, hay que tener en cuenta el costo de atención de gran cantidad de personas que no cuentan con recursos para sostenerse o que requieren atención médica, cupos escolares y respaldo para conseguir alojamiento.

Los cálculos sobre el valor de ese apoyo oscilan entre dos y seis billones de pesos anuales. Sin entrar en la discusión sobre cuál es el ejercicio correcto, el punto central es que eso crea una presión adicional sobre las finanzas públicas.

Por tal motivo, el Gobierno buscará un relajamiento de la regla fiscal que plantea una importante reducción del déficit público este año. La salida sugerida por la Ocde es utilizar una cláusula de escape prevista en las normas, gracias a la cual puede haber una suspensión temporal en el recorte del desequilibrio si sobreviene un acontecimiento extraordinario que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Que hay antecedentes en ese sentido, lo recuerda la institución. Cuando en la Unión Europea se produjo la entrada masiva de refugiados sirios entre el 2015 y 2016, varias naciones retrasaron sus compromisos de ajuste. En la lista estaban Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Italia y Eslovenia, a parte de Suiza, que hizo lo propio sin pertenecer al bloque comunitario.

Con ese precedente, Colombia no debería tener problemas para rebajar el déficit menos de lo previsto. Aunque el número está por definirse, los observadores hablan de cuatro o cinco billones de pesos. Lo único es la advertencia firme de que el alivio no es permanente. Dicho de manera clara, la migración venezolana no puede ser una excusa para dejar de mantener la casa en orden.