Por la puerta de atrás

Ningún observador, medianamente enterado del asunto, esperaba un resultado distinto al salido de las urnas el domingo pasado en Cumaral (Meta). Con una mayoría del 97 por ciento sobre los 7.703 votos depositados, los habitantes de la población le dijeron no a la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio municipal, abriendo, de paso, un gran signo de interrogación sobre el futuro del Bloque Llanos 69 a cargo de la empresa Mansarovar Energy.

Y es que solamente el bando triunfador se encargó de impulsar una campaña para proscribir la actividad petrolera que, a juzgar por la participación observada, logró impactar a la gente. Con lemas como “Cumaral no se vende, el agua se defiende” o “Queremos chicha, queremos país, multinacionales fuera del país”, además de campañas de radio, perifoneo y reparto de volantes, la opinión encontró argumentos de un lado, pues la defensa del sí brilló por su ausencia.

Como consecuencia, ahora comienza un periodo lleno de incertidumbre, que solo terminará hasta que logren precisarse las implicaciones de la consulta popular mencionada y de otras recientes que conciernen a la minería, como la de Cajamarca, en el Tolima. En tal sentido, hay procesos judiciales en curso que deberían llegar a la consideración de la Corte Constitucional, para que esta, ojalá, trace una línea que no deje espacio para dudas o interpretaciones.

Que el tema puede enredarse todavía más, es una posibilidad. Hace pocos días, un fallo de primera instancia del Consejo de Estado, con respecto a los comicios del fin de semana pasado, estableció que los efectos de este mecanismo solo operan hacia el futuro, con lo cual no podrían invalidarse los permisos y autorizaciones ya concedidas.

No obstante, el alto tribunal también dijo que la decisión del pueblo cumaraleño es definitiva y obligatoria, con lo cual, en la práctica, queda enterrado el principio constitucional según el cual el subsuelo es de la Nación. Dicho de otra manera, las concesiones o licencias entregadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) u otras entidades gubernamentales realmente no servirían para nada porque las entidades territoriales serían plenamente soberanas a la hora de establecer lo que se puede hacer o no en su circunscripción.

En consecuencia, lo único que está claro es que aquí hay un verdadero galimatías jurídico, que empieza a tener consecuencias serias sobre un sector clave para la economía. De un lado, hay más de 40 consultas populares en marcha, de las cuales 20 tocan directamente a la industria petrolera. Si llega a triunfar la tesis más extrema, se podría paralizar el bombeo de 100.000 barriles diarios de crudo que hoy se extraen en departamentos como Casanare y Norte de Santander, además del Meta.

Del otro, la ANH comenzará la oferta y entrega de 40 nuevos bloques para exploración y producción, a partir de julio. La pregunta es si alguien se mostrará interesado a jugarse recursos importantes en un sector que aparte de los riesgos geológicos, financieros y de seguridad, ahora incluye el de la política local. Las experiencias recientes prueban que montar un proceso de consulta es sencillo, pues es fácil tocar las fibras de la opinión y obtener réditos con miras a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Mientras el ambiente se oscurece, llama la atención el silencio de la administración Santos sobre un asunto como la autosuficiencia energética del país, la estabilidad macroeconómica y los ingresos fiscales. Ayer, el Ministerio de Minas solo expidió un parco comunicado.

Debido a ello, es obligatorio corregir el rumbo y tomar el toro por los cuernos. Es verdad que el Gobierno se encuentra en cuenta regresiva, pero eso no lo exime de ser responsable ni olvidarse de sus obligaciones. Marchitar la actividad petrolera por la puerta de atrás, es lo peor que se puede hacer en las actuales circunstancias.