Un asunto que indigna

La lucha contra la corrupción ha sido uno de los ejes de la actual contienda presidencial. El tema ha encabezado las plataformas de todos los candidatos y ha sido discutido en los distintos debates durante la campaña. No era para menos, ya que, de acuerdo con la más reciente encuesta Gallup, el 28 por ciento de la gente cree que este flagelo es el “principal problema que Colombia tiene en estos momentos”. Por segunda vez en casi 14 años de medición, este asunto ocupa el primer lugar de preocupación para los encuestados.

Por eso no causa mayor sorpresa que la indignación de la opinión pública colombiana se dispare cuando las autoridades judiciales son benévolas con los investigados, los acusados y los condenados por delitos contra la administración pública. Uno de estos casos se presentó hace pocos días con Germán Trujillo, quien aceptó cargos, entregó unos 2.000 millones de pesos y recibió el beneficio de prisión domiciliaria. El llamado ‘zar’ de los refrigerios escolares, y esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, desvió recursos de un contrato por 35.000 millones de pesos para la alimentación de niños en 82 municipios santandereanos.

La pregunta que muchos se hacen, de manera justificada, es por qué se otorga la casa por cárcel en un caso tan flagrante de corrupción. Además de robarse los recursos públicos para el alimento de los menores, Trujillo estuvo cinco meses prófugo de la justicia.

Este tratamiento a alguien que incluso aceptó su responsabilidad en el ilícito, proyecta la imagen de un aparato judicial blando con los corruptos, pero duro ‘con los de ruana’.

Dicha generosidad no se limita al cónyuge de una poderosa dirigente política. Hace poco el turno de recibir la casa como prisión fue para Edwin Angulo, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, quien habría amañado el reparto en los juzgados civiles, laborales y de familia. Este caso de corrupción es muy diciente, ya que la concusión se habría llevado a cabo en el corazón mismo del aparato de Justicia.

Los anteriores son solo dos ejemplos puntuales y recientes de una preocupante tendencia: la de brindar la detención extramural a involucrados en conductas corruptas. La prisión domiciliaria, que actualmente disfrutan decenas de miles de personas por todo tipo de ilícitos, es justificada por razones que van desde la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios hasta la naturaleza de los errores cometidos. No obstante, al ser aplicada de manera indiscriminada está enviando el peor de los mensajes: que ser corrupto paga. ¿Cómo explicar, entonces, que un individuo se robe una millonada destinada a la infancia santandereana, confiese su culpabilidad y disfrute desde el sofá de su casa?

Cualquier persona podría afirmar que si les dan casa por cárcel a condenados por cosas tan horrendas como el homicidio, ¿por qué no brindarla por un crimen de menor gravedad como el robo de dineros públicos? La prisión domiciliaria requiere una constante revisión por parte de las autoridades judiciales para monitorear de cerca su uso y su abuso.

Pero la sociedad también decide, con su aparato judicial, enviar mensajes contundentes sobre actividades delincuenciales que considera inaceptables y de mayor castigo. Es factible implementar una moratoria a la casa por cárcel para involucrados en delitos contra la administración pública, sin caer en el pecado del populismo judicial. Sin elevar las penas ni engorrosas reformas, la administración de justicia colombiana enviaría un sonoro mensaje a los delincuentes: pagarán en las cárceles. Que quienes hoy tienen al Estado y los dineros públicos como botín, no recibirán la generosidad de ese beneficio penal. El 88 por ciento de los colombianos que, según Gallup, creen que el país empeora en corrupción, lo aplaudirían.