Un río más revuelto

Durante el fin de semana pasado fue notorio el aumento de la tensión en la zona central del departamento del Huila. El motivo es el inminente desvío de las aguas del río Magdalena en un tramo cercano a los 500 metros, con el fin de posibilitar la construcción de la presa que es fundamental para poner en marcha la hidroeléctrica de El Quimbo, vecina a los municipios de Gigante, El Agrado y Garzón.

Dadas las características hidrológicas de la zona, realizar el transvase ahora es clave debido a que en la época de verano baja el caudal a menos de 250 metros cúbicos por segundo. Si se deja cerrar esa ventana habría que esperar otros 12 meses, con el consecuente impacto sobre los cronogramas establecidos.

Ubicado 12 kilómetros aguas arriba del embalse de Betania, el proyecto es uno de los más importantes en la senda de expansión de la capacidad energética del país. Según fue definido en su momento, este debe entrar en operación en el 2014, aportando 400 megavatios de capacidad, tras una inversión estimada en 837 millones de dólares.

Probablemente, el tema no ocuparía grandes titulares, de no ser porque un grupo de personas cobijadas por Asoquimbo, una organización liderada por Miller Dussán, profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva, se ha opuesto radicalmente a la iniciativa. Mediante manifestaciones, bloqueos y una campaña mediática, el grupo ha puesto a la defensiva tanto a Endesa, la compañía encargada de la obra, como al Estado.

Tal vez el instrumento más efectivo que se ha utilizado es un video hecho a mediados de febrero, en el cual un contingente del Esmad desaloja a un centenar de personas ubicadas en las riberas del río. En las imágenes sale un manifestante que perdió un ojo por cuenta de una esquirla de una lata que contenía gas lacrimógeno, al tiempo que se incluyen tomas de ciudadanos que alegan haber sido maltratados por la Fuerza Pública.

Los comentarios hechos en Internet no dejan duda sobre lo que piensan quienes han visto el documental. En pocas palabras, el mensaje es que se trata de un atropello gubernamental contra personas de bajos recursos, hecho por cuenta de los intereses de una multinacional.

Cambiar esa percepción no es una tarea fácil. La empresa de capital español ha explicado que desde el 2009 viene hablando con las comunidades afectadas; que cerca de 3.000 personas recibirán tierras, viviendas o una ayuda económica tras haber sido censadas; que tan solo se inundará el 0,5 por ciento de la superficie agrícola del Huila y que existen medidas para evitar que se afecten la pesca y las especies nativas; que los programas de gestión socioambiental, que comprenden desarrollo de la infraestructura regional ascienden a 143 millones de dólares; y que se generarán miles de empleos, además de oportunidades en el campo del turismo y las piscicultura.

Sin embargo, tales argumentos no le llegan al público, con lo cual la polarización continúa. A su vez, el Gobierno insiste en que la hidroeléctrica cuenta con todos los permisos y ha pasado los más diversos controles, por lo cual no acepta las vías de hecho para bloquearla.

Tal determinación hace pensar que la iniciativa saldrá adelante, si bien hay más de uno que trata de meter la mano en un río que está muy revuelto. Pero es indudable que lo que ha ocurrido en este caso no será el último ejemplo en el cual aparezcan las tensiones sociales.

A lo largo y ancho del país, la construcción de carreteras, el desarrollo minero o los proyectos energéticos han tenido que vivir un proceso de negociación que es cada vez más complejo y costoso. En muchas oportunidades es posible llegar a acuerdos en el que se respetan derechos y se dan las compensaciones del caso. Pero en otros, como en la frustrada hidroeléctrica de Porce IV, las demandas suben tanto que hacen inviable cualquier emprendimiento.

Ese es un campanazo de alerta que debe escucharse en un país que quiere crecer y tener mejor infraestructura, pero en donde operar se ha vuelto mucho más difícil. Hay que encontrar el justo medio para que no se torne imposible.