A primera vista se trata de una excelente noticia.
Y es que en un mundo en el que hay nerviosismo por los saldos en rojo que tienen las cuentas de algunas de las principales economías, resulta reconfortante constatar que Colombia se encuentra en negro.
Así lo reportó ayer el Ministerio de Hacienda, según el cual el Estado registró un superávit de 15,4 billones de pesos en el primer semestre del 2011. Dicha suma no sólo es importante debido a su tamaño, sino que además muestra un gran contraste con el déficit de 392.000 millones contabilizado en igual periodo del año pasado.
La principal causa de lo ocurrido está en los saldos del Gobierno Central, que pasó de un negativo de 4,3 billones a un positivo de 7,9 billones de pesos.
Las explicaciones de semejante variación son dos.
De un lado, hubo un gran aumento en los ingresos del fisco, los cuales llegaron a 50,4 billones de pesos, 28,9 por ciento más que en el 2010. Ese salto tuvo que ver con el comportamiento de los recaudos de impuestos, que subieron en 34 por ciento, gracias al desempeño de tributos como la renta, el IVA o el gravamen a las transacciones financieras, para mencionar algunos.
Por otra parte, los gastos –en lugar de crecer– tuvieron una contracción del 2,3 por ciento.
Los rubros que más disminuyeron fueron el de funcionamiento, con 3,2 por ciento, e inversión, con 16,9. En cifras gruesas, los giros gubernamentales bajaron en cerca de un billón de pesos entre un año y otro.
Si todo lo anterior fuera el resultado de una política explícita de austeridad, las felicitaciones no se harían esperar. Bajo esa óptica, ante la amenaza de una crisis internacional, el Ejecutivo habría decidido blindar financieramente a Colombia.
El problema es que la razón es diferente, pues lo que queda en claro es que, a pesar de los mayores recaudos, la ejecución se detuvo.
Puesto de otra manera, si en los dos años pasados se había gastado más del 45 por ciento de lo presupuestado entre enero y junio, en esta ocasión dicha proporción bajó al 37,9 por ciento.
Tales datos explican el regaño presidencial de comienzos de la presente semana, cuando Juan Manuel Santos les insistió a sus ministros que es necesario “ejecutar, ejecutar y ejecutar”.
Desde hace meses, las personas cercanas al mandatario le han escuchado expresar su impaciencia ante la lentitud de los diferentes organismos para poner en marcha programas a su cargo. Ahora las cifras le dan la razón y abren un signo de interrogación por lo que queda del 2011.
En respuesta, algunas carteras han señalado que la situación ha mejorado en las semanas pasadas, como lo muestran los indicadores hasta agosto. Además, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, existen pagos programados por 12,6 billones de pesos en el presente trimestre, con destino a proyectos de infraestructura, salud y gasto social, entre otros.
La entrada de esos dineros a la economía –señalan los especialistas– serviría para dinamizar la marcha del sector productivo y compensar una eventual desaceleración externa.
Sin embargo, es muy probable que el déficit fiscal que estaba proyectado inicialmente acabe siendo muy inferior al planeado originalmente, debido a la combinación de más ingresos y pocos gastos. Y aunque eso no es del todo malo desde el punto de vista de la prudencia, deja en claro que hay un serio problema de ineficiencia estatal a la hora de cumplir con lo presupuestado.
Por tal motivo, la Casa de Nariño tiene la obligación de seguir con las espuelas puestas y aguijonear a quienes se han quedado rezagados.
Después de tantas promesas hechas, y en un país que tiene múltiples necesidades, es difícil entender que el cuello de botella más grande no es la falta de fondos, sino la lentitud en la ejecución.
En los principios del buen gobierno no sólo está que el Estado gaste bien su dinero, sino que lo haga a tiempo.