¿Un saludo a la bandera?

 

Un viejo y conocido adagio que utilizan los abogados dice que “un mal arreglo es mejor que un buen pleito”. Quizás esa fue la lógica que usó ayer el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, para lograr que en la Comisión Primera del Senado se votara favorablemente el proyecto de acto legislativo sobre sostenibilidad fiscal, al cual tan solo le falta una vuelta para convertirse en realidad.

Como es bien sabido, la iniciativa estuvo a punto de fracasar dada la férrea oposición del Partido Liberal a la misma, pero después de negociada una fórmula de consenso con esa bancada, todo apunta a que la reforma constitucional saldrá airosa en los próximos días.

La pregunta, sin embargo, es si –como dirían los estrategas militares– el Gobierno ganó una batalla, pero perdió la guerra.

El motivo de dicha inquietud radica en el cambio de una palabra, pues el Ejecutivo aceptó que en el texto se reemplace “principio” por “criterio”, una variación que a las personas del común les puede parecer inocua, pero que para quienes saben de estos temas equivale a cambiar una columna de apoyo por un adorno que sin duda es bonito, pero que es decorativo.

Y es que, mientras el primero es definido por la Real Academia como “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”, el segundo tiene que ver con el discernimiento que es la acción de “distinguir algo de otra cosa”.

Pero para no entrar en honduras jurídicas, vale la pena recordar que la propuesta fue presentada inicialmente por la administración pasada, con el fin de introducirle una camisa de fuerza a ciertas decisiones que podían ser adoptadas en el Congreso, pero sobre todo por las Altas Cortes y el Consejo de Estado. En términos sencillos, la idea era que a la hora de hacer respetar diferentes derechos, es necesario hacer la cuenta sobre lo que cuestan.

Por lo tanto, no se trata tan solo de darle una instrucción al Gobierno de turno, sino de tener claro que los recursos son escasos.

Los ejemplos de que no hay que pensar únicamente en los gastos, sino en la sostenibilidad del aparato estatal abundan.

Tal es el caso de los billonarios litigios en contra del patrimonio público, que tendrían que ajustarse a la realidad económica del país. Incluso decisiones como la de ampliar en términos efectivos la cobertura de los procedimientos del servicio de salud o la de atribuir pensiones tendrían que haberse adaptado a las rigideces del presupuesto nacional.

El problema es que esas limitaciones pueden generar problemas prácticos serios, sobre todo a la hora de atender las necesidades en materia social. Debido a ello, el liberalismo criticó la idea desde un comienzo y logró introducir durante la discusión en la Cámara de Representantes un parágrafo según el cual la sostenibilidad no podía servir de argumento para menoscabar los derechos fundamentales que existen en la Constitución.

Esa modificación de fondo no sólo le recortó las alas al proyecto de acto legislativo, sino que les generó nuevas inquietudes a los juristas ante la posibilidad de que se empezara a transitar un terreno desconocido en el cual podrían salir afectados diversos programas gubernamentales.

Así las cosas, la mejor salida posible fue la adopción del término “criterio”, que sirve como un recordatorio de que no es bueno extralimitarse a la hora de imponerle nuevas obligaciones al fisco.

Aunque falta ver la manera en que la Corte Constitucional interpretará el concepto cuando le llegue la hora de examinar el acto legislativo, quienes saben de estas cosas opinan que más que una obligación, lo que quedó escrito es un saludo a la bandera.

Lo anterior no quiere decir que lo hecho sea despreciable del todo. Indudablemente, la reforma le servirá al Ministerio de Hacienda para decir que el país manejará en mejor forma sus asuntos, sobre todo si la ley relativa a la adopción de una regla fiscal sale adelante en la presente legislatura.

Pero es el cumplimiento de esta última la que importa, más aún, después de lo que pasó ayer en el Capitolio.